La amenaza independentista en Cataluña se ha convertido ya en el principal problema para la recuperación económica de España. Así lo han manifestado los expertos y así lo ha puesto de relieve, por ejemplo, la encuesta periódica del Colegio de Economistas de Aragón, cuyos resultados se hicieron públicos ayer. Para el presidente de este prestigioso colectivo, Javier Nieto, la crisis institucional, política y social que se vive en la comunidad vecina va a afectar particularmente a Aragón, ya que Cataluña es su principal cliente (con más de 4.000 millones de euros en ventas anuales) además de su primer proveedor. Preocupado por los efectos en cadena que pueden derivarse de este conflicto en las inversiones, el empleo o el consumo, el Gobierno de Aragón ha reaccionado con acierto, haciendo de la necesidad virtud. Ayer, anunció la creación de un observatorio asupiciado por la administración que reunirá a sindicatos, patronal y colegios profesionales para aconsejar a aquellas empresas catalanas que muestren su interés por asentarse en territorio aragonés. Para el ejecutivo, las firmas grandes que han decidido cambiar de sede hasta ahora lo han hecho asesoradas por importantes gabienetes jurídicos, inaccesibles para aquellas pymes que se han dirigido al Ejecutivo regional o los ayuntamientos de la comunidad con la misma intención. Marta Gastón, consejera de Economía, manifestó que desde este observatorio, al que se sumará la Universidad de Zaragoza, se dará «cobijo y amparo» a aquellas empresas que quieran cambiar su domicilio social o fiscal, con la idea de facilitar los trámites y proporcionar toda la información al respecto.
No es menor la derivada económica de un conflicto que afronta su semana decisiva, la semana en la que la política con mayúsculas debería abrirse paso. El tiempo corre hacia decisiones que, de tomarse, dibujarían un panorama muy incierto y preocupante. Si esta semana acaba con la aplicación del 155 por el Gobierno tras el trámite en el Senado y/o la declaración de independencia impulsada por el bloque soberanista, el equilibrio territorial de España quedará aún más tocado. No se trata de solucionar esta gravísima crisis en unos días, es imposible, pero sí de encauzarla y guardar los botones nucleares. Toca, aunque sea en el descuento, un ejercicio de responsabilidad, comenzando por la renuncia definitiva de Carles Puigdemont a la DUI.
