Es evidente que la Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno aragonés es la peor gestionada, justo ahora que es cuando más se le necesita. Pero lo que ya parece sangrante es que el área de Servicios Sociales del departamento de Ricardo Oliván, controlada ahora por Cristina Gavín, acumule hasta ocho meses de retraso en pagar el Ingreso Aragonés de Inserción a familias muy necesitadas que ya han pasado todas las inspecciones legales y que tienen concedido este salario social. No hay ninguna excusa para que más de 4.000 familias estén afectadas por los retrasos y se acumulen deudas de hasta 3.000 euros. Sería una equivocación tremenda del Ejecutivo de Rudi que esos euros no llegaran ya a las familias. Porque algunas de esas personas deben dinero a familiares y amigos y están pasando una situación que mejoraría y mucho si el Gobierno cumpliera. Está bien que el portavoz de la DGA, Roberto Bermúdez de Castro, reconozca que lo han hecho mal, pero hay que actuar y esta prestación pública no debe tener ni un día más de retraso. Hay que ponerse al día con todos. Mal ejemplo de gestión es este.
