El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha ratificado la anulación del cambio de nombre del pabellón Príncipe Felipe, operación con la cual Zaragoza en Común (ZeC) inauguró una serie de gestos rupturistas desde el ayuntamiento de la capital aragonesa. La instalación deportiva debe seguir asociada al actual Rey, y cualquier modificación, como parece lógico, deberá ser aprobada por mayoría en el Pleno municipal. No vale con la decisión unilateral del equipo de gobierno. Solo puede revocarse una decisión por el órgano equivalente al que la tomó.
El equipo de gobierno municipal, sostenido por ZeC, desde que desencadenó la primera gran polémica con aquel detalle más formal que importante, no ha dejado de chocar con un hecho obvio: aunque logró en su día la Alcaldía y el control de la administración municipal, siempre ha estado en minoría, con solo nueve de los 31 concejales de la corporación. Así, sin dominio del Pleno y en permanente pugna con los demás grupos, su gestión ha ido acumulando iniciativas frustradas y notorios fiascos. A menudo, tal situación ha venido motivada por actos y declaraciones meramente formales o de escasa relevancia. Podría considerarse que eran más ruido que nueces. Ahora, el fallo del TSJA demuestra que aquel supuesto golpe de efecto que se tomó en su momento carecía de base legal y estaba condenado a quedar en nada.
