El enrevesado culebrón de los créditos del Real Zaragoza avalados por la DGA puede terminar generando un sorprendente episodio en el que, paradójicamente, el buen trato que le han dispensado determinadas administraciones públicas termine siendo el motivo por el que el constructor soriano Agapito Iglesias pierda el control de la SAD. El Gobierno de Aragón figura como avalista de un crédito de 5,1 millones de euros que tres cajas de ahorro aragonesas -Ibercaja, CAI y Cajalón, hoy Bantierra- concedieron al Real Zaragoza SAD en el 2004, cuando lo presidía Alfonso Soláns hijo. La operación era de 16 millones, avalados a partes iguales por el Gobierno de Aragón -cuyo consejero de Economía, Eduardo Bandrés pasaría dos años después a presidir la entidad blanquilla- y por el empresario, que tardaría unos meses menos en venderle a Iglesias la sociedad tenedora de sus acciones. Poco después, le endosaba su parte del aval a Zaragoza Plaza Center Empresarial, una de las firmas del grupo Codesport.

En el 2011, siete años después de obtener el crédito, de cuya parte avalada por la DGA seguía teniendo 5,1 millones pendientes de pago, el Real Zaragoza, acuciado por su situación de insolvencia, entró en concurso de acreedores.

Ese proceso incluyó algunas particularidades en cuanto al crédito avalado por la DGA. La principal consiste en que las cajas de ahorro -Ibercaja es la principal acreedora del préstamo- no se adhirieron a la Propuesta Anticipada de Convenio por la que quedó establecida una quita -condonación- de la deuda del 50%. Unos meses después, la pasada primavera, la deuda que afianza el Pignatelli quedó calificada como subordinada.

FACTORES / La combinación de ambos factores hace que las cajas puedan exigir el pago de todo el aval a la DGA, que esta carezca de medios legales para que las entidades financieras le apliquen la quita -así lo contempla la ley para los avalistas de prestamistas que no suscriben el convenio- y que, por último, el Gobierno autonómico quede como acreedor de la mitad del aval -2,55 millones- que no podrá cobrar antes de que el Zaragoza haya saldado sus deudas con sus trabajadores y exempleados, con Hacienda y la Seguridad Social y con los proveedores. Yendo bien, en el 2021.

Las cajas ya han comenzado a ejecutar ese aval con el cobro y el requerimiento de parte del principal y sus intereses por una cifra cercana al millón de euros. Sin embargo, según confirmaron fuentes jurídicas, el hecho de que el documento que ata a la DGA fuera formalizado como un aval de primer requerimiento para un crédito participativo abre la puerta a una hasta ahora inédita alternativa: el Gobierno de Aragón tiene, entre otras opciones en caso de impago, la de capitalizar esa deuda; es decir, convertirla en acciones. Y esa opción, dada la cuantía del débito, le daría el control del Real Zaragoza SAD.

PLEITOS / La alternativa, pese al enfrentamiento que el Gobierno PP-PAR e Iglesias mantienen en los tribunales, donde Plaza reclama catorce millones de euros precisamente a Zaragoza Plaza Center Campus Empresarial por el presunto pelotazo en la venta de unas naves en la época PSOE-PAR, no provoca precisamente euforia en el Pignatelli. El Real Zaragoza tiene un capital social de 2.000.659 euros, y la deuda capitalizable de la DGA asciende a 2,55 millones. Esa cifra equivaldría al 56,03% de las acciones, suficiente para alcanzar la mayoría pero no para llegar a los dos tercios del capital en los que la legislación sitúa el control total de una sociedad. En caso de decidirse por esta opción la DGA, al actual máximo accionista le quedarían bazas por jugar. Básicamente, pleitear para impedir la necesaria ampliación de capital y pagar 2,55 millones por otras vías -en efectivo o en especie- para saldar la deuda.

Algunas fuentes señalan que los 5.639.498 euros de prima de emisión deben considerarse capital, lo que bajaría la participación de la DGA al 25%. Algunas sociedades usan ese capítulo como reservas de capital, opción que tiene un alto coste tributario.