La magistrada del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza ha ordenado la disolución de Zaragoza Real Estate, la filial inmobiliaria que el Real Zaragoza SAD constituyó para dar el fallido pelotazo de las oficinas de Eduardo Ibarra y que participó en polémicas operaciones como la compra de la finca de La Almunia por 2,5 millones y la adquisición de la opción sobre el chalet de lujo de Pozuelo. La jueza ha ordenado abrir la fase de liquidación de la empresa, en concurso desde hace algo más de un año, y ha suspendido "las facultades de administración y disposición" de la compañía deportiva sobre su patrimonio. Es decir, la ha intervenido para dejarla en manos de la administración concursal.
La petición ha partido del propio deudor ante la imposibilidad de garantizar su viabilidad.
Zaragoza Real Estate llega a la liquidación con unas deudas de 7.896.380 euros. Su principal acreedor es Hacienda, con 3.564.404, al que sigue ADL Technology, que tiene pendientes de cobro 1.825.000 euros por la finca de La Almunia.
Después se sitúan la DGA, con 527.537 por impagos de impuestos, sanciones e intereses, y el Ayuntamiento de la capital aragonesa, con 26.048. Las arcas autonómicas están ingresando para saldar esa deudas los pagarés del Espanyol por el traspaso de Sergio García desde el Betis, que suman un montante de 750.000 euros.
EMPRESAS MATRICES Los últimos en la lista para cobrar --se trata de créditos subordinados por la obvia relación de los acreedores con el deudor-- son el propio Real Zaragoza SAD, al que su filial debe 1.674.138 euros, y Zaragoza Sport Arena XXI, la sociedad a través de la que el constructor Agapito Iglesias controla la SAD, que tiene una deuda de 271.759.
El proceso de liquidación de Zaragoza Real Estate afecta de lleno a la situación patrimonial de la compañía deportiva de Agapito Iglesias, que sigue en crisis pese a haber salido del concurso de acreedores y que dejará de cobrar al menos parte de esa deuda de 1,67 millones.
La afectación principal se da en el pasivo. El principal activo de la filial inmobiliaria es la finca de La Almunia, valorada por los administradores concursales en 2,5 millones de euros y sobre la que la Agencia Tributaria tiene un derecho de prenda por valor de tres millones en el acuerdo de liquidación de la deuda tributaria del Real Zaragoza.
La finca, que el Ayuntamiento de La Almunia enajenó por 162.150 euros en el 2007, fue comprada por 2,5 millones --más 450.000 de IVA-- a una empresa dirigida por Javier Bazaco --ejecutivo de cabecera de Iglesias hasta hace unas semanas-- cuatro años después. La mitad del principal la cubrió uno de los pagarés de 1,25 millones que emitió el Athlétic de Bilbao por el fichaje de Ander Herrera.
Quien se la quede en la liquidación se la llevará con la obligación a favor de Hacienda, lo que reduce las posibilidades de enajenarla para pagar a los acreedores de la inmobiliaria blanquilla. El destino de esa finca afectará de lleno al futuro del Real Zaragoza, ya que es una de las claves del convenio con Hacienda.
