Un total de 1.051 personas que habían sido condenadas por delitos sexuales han intentado (o al menos han solicitado la documentación) trabajar con niños los últimos dos años, desde que existe el Registro Central de Delincuentes Sexuales. Esto significa que, en principio, ninguna de estas personas habrá podido incorporarse a empleos tales como educadores, sanitarios relacionados con la pediatría, monitores de actividades infantiles y hasta cocineros de comedores escolares, de acuerdo con la legislación en vigor.

Al cierre del 2017, el número de condenados por esta causa ascendía a 43.656 personas y más de un millar habían dado positivo tras solicitar el certificado que obligatoriamente se exige desde marzo del 2016 a todas las personas que ejercen o quieren ejercer una profesión o actividad que implique estar en relación con niños menores.

La obligatoriedad de presentar este documento la establece la ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, así como la ley de voluntariado, ambas aprobadas en el 2015. El Registro de Delincuentes Sexuales se puso en marcha el 3 de marzo del 2016.

En ese primer año se emitieron un total de 1.985.551 certificados, de los que 534 dieron positivo, mientras que en el 2017 fueron 517 los positivos.