Cinco años después de que dejase de operar, el Gobierno ha decidido contra su voluntad cerrar definitivamente la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos). Así lo anunció ayer el ministro de Energía, Álvaro Nadal, que responsabilizó de la decisión a la oposición y a las empresas que gestionaban la planta (Iberdrola y Endesa). «Esto no es lo que va a ocurrir con el resto del parque nuclear. El Gobierno se posiciona a favor de mantenerlo», advirtió.
Nadal lamentó la ausencia del «debate sosegado» que pidió el Ejecutivo sobre el futuro de la central. Criticó que los grupos parlamentarios hubieran presentado una batería de propuestas para cerrarla y que la hayan usado como un «símbolo político» con «posicionamientos de antemano» que no buscaban el «interés» general en política energética. «Cualquier central necesita certidumbre a largo plazo para amortizar las inversiones. Certidumbre económica, pero también social y política», señaló.
Las firmas gestoras también se llevaron un rapapolvo: «Las empresas han querido usar la central como elemento de presión de la política energética». Nadal recordó que las dos compañías pararon la planta unilateralmente en el 2012 (fueron multadas con 18 millones) y pidieron su cierre; en el 2014 cambiaron de opinión y solicitaron su reapertura hasta el 2031 (hasta los 60 años de actividad); y en marzo del 2017, Iberdrola volvió a pedir su clausura mientras que Endesa se posicionó a favor de mantenerla. Todo ello, según apuntó Nadal, con el objetivo de que el Ejecutivo rebajase o eliminase el impuesto nuclear, o les diera una compensación, algo que no han logrado.
CASO SINGULAR
Nadal quiso rebajar la relevancia del cierre de Garoña, la tercera nuclear que se clausura en España tras Vandellós I en 1989 (la empresa desistió de hacer las fuertes inversiones en seguridad para reactivarla decretadas tras un incendio) y la de Zorita (Guadalajara) en el 2006 (dejó de ser rentable y no se prolongó su vida útil). El ministro argumentó que la central burgalesa es un «caso muy singular» porque es «relativamente pequeña» (460 megavatios de potencia instalada, frente a los 1.200 de Almaraz, Cáceres; la próxima sobre la que habrá que decidir, en el 2020). El cierre de Garoña, añadió, no encarecerá la electricidad.
Advirtió, en cambio, que eliminar el resto de nucleares elevaría el precio mayorista de la luz en más de un 25%, por lo que el Gobierno va a luchar para mantenerlas abiertas pues es la mejor manera de «producir electricidad a bajo coste y sin emisiones, siempre que se garantice la seguridad». Para ello, va a usar «armas» jurídicas que en este caso no ha podido emplear (el Plan Integral de Energía y Clima, pendiente de elaboración) para superar la presión política y empresarial. Además, el ministro sugirió que los grupos parlamentarios de la oposición «no han tenido un posicionamiento tan claro» respecto al resto de nucleares.
PSOE, Podemos, Ciudadanos, Gobierno vasco y los ecologistas acogieron ayer la decisión como una victoria, mientras que Castilla y León y los municipios con nucleares la lamentaron. Iberdrola la consideró una medida «coherente», ya que Garoña «aún siendo segura desde el punto de vista técnico, era económicamente inviable». Y Endesa destacó que la medida no supone un «precedente o referencia alguna» para el resto de nucleares.
DESPUÉS DE FUKUSHIMA
Garoña es la nuclear más antigua del parque atómico español (comenzó a operar en 1971). En el 2009 se acabó su ciclo de actividad y, «en una decisión relativamente sorprendente» para Nadal, el Gobierno de Rodríguez Zapatero decidió primero cerrar la central y luego alargó su vida hasta el 2013 con el compromiso de que no se prorrogaría más.
El Consejo de Seguridad Nuclear avaló en febrero su reapertura, condicionada a una importante inversión en seguridad (entre 150 y 200 millones de euros) para solucionar puntos débiles revelados por la catástrofe de Fukushima. Tras ese informe, Nadal anunció que el Ejecutivo se tomaba seis meses para escuchar a las partes (recibió 17 alegaciones, todas contrarias salvo las de Castilla y León y los municipios de la zona). Ayer anunció el cierre una semana antes de que se agotase el plazo.
