El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, aseguró ayer que la central nuclear de Santa María de Garoña, en el norte de la provincia de Burgos, «no es viable económicamente» y pidió a Endesa, su socio al 50% en la sociedad Nuclenor, propietaria de la planta atómica, que desista de su explotación. Sánchez Galán hizo estas declaraciones durante la celebración de la junta general de accionistas de la compañía.

La central de Garoña, que lleva parada desde diciembre del 2012, es actualmente la más antigua de España tras el cierre definitivo de Zorita y también la menos potente. Se inauguró en 1970. Galán quiso ser «muy claro» sobre Garoña y la estrategia en materia nuclear de la energética y subrayó: «Las empresas no hacemos política energética, lo que hacemos es distribuir energía con las normas de los países, de una manera segura y eficiente».

No obstante, señaló que Nuclenor ya ha afirmado que Garoña es una instalación que «no es viable económicamente, con pérdidas sustanciosas». Sánchez Galán, respondiendo a los representantes de Greenpeace y Foro contra Garoña que habían acudido a la junta de accionistas, insistió en que espera llegar a un acuerdo con Endesa para «el desistimiento de la explotación» de la planta.

Respecto al resto de activos nucleares del grupo, Galán consideró que están en una situación idéntica a Garoña, ya que «se encuentran en pérdidas», por lo que se puede considerar que tampoco son viables. El presidente aseguró que «los impuestos y obligaciones» que afectan a las nucleares hacen que el 50% de sus ingresos se tengan que destinar a hacer frente a esas obligaciones. Por ello, pidió «analizar el marco regulatorio y fiscal» en esta materia de cara al futuro, ya que en estas condiciones es un negocio no viable.

Además de Garoña, Iberdrola tiene participación en las centrales nucleares de Cofrentes (100%), Almaraz 1 (53%), Almaraz 2 (53%), Trillo (49%), Vandellós 2 (28%) y Ascó 2 (15%).

El Gobierno tiene de plazo hasta el mes de agosto para tomar una decisión sobre la continuidad de Garoña, tras el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) favorable a prolongar la vida útil de la planta. No obstante, la última palabra corresponde lógicamente a los propietarios: Iberdrola y Endesa.