La actual ley de salud sexual y reproductiva, que entró en vigor en julio del 2010, permite el aborto libre en las 14 primeras semanas de gestación, sin precisar que ningún médico lo autorice. La intervención está financiada por la sanidad pública, aunque la mayoría se efectúa en clínicas privadas con concierto. Si se detecta una malformación fetal en semanas posteriores a la 14, la interrupción debe autorizarla un comité médico. La ley no ha supuesto, como en principio se argumentó, un aumento del número de abortos registrados.