Un auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza considera "indiciariamente acreditado" por cinco vías distintas que en las obras de urbanización de Plaza se produjo una "disposición indebida" de fondos públicos a través del "ficticio aumento de mediciones y de precios en las certificaciones de obra que firmaban mediante previo acuerdo los imputados" y de la confección de facturas falsas. Una parte de ese dinero, añade, se convirtió en "pagos en especie" --obras en casas de algunos imputados-- y otra fue blanqueada "para dar la apariencia de un origen ilícito".
Esas cinco vías de prueba son las denuncias presentadas ante la Fiscalía por el actual gerente de Plaza, Jesús Andreu, y el empleado de Acciona Francho Chabier Mayayo, la existencia de facturas "giradas por subcontratistas que nunca trabajaron en la obra de ese polígono", un informe elaborado por dos catedráticos de Geología que constata que un saneamiento de tierras facturado por 750.000 euros nunca fue ejecutado y, por último, la declaración ante el juez de uno de los imputados que reconoció que ese trabajo inexistente fue certificado. Fueron dos: el exdirector técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez, y el exgerente de la UTE Miguel Ángel Bretón.
SECRETO
El auto forma parte de los casi 2.000 folios de diligencias cuyo secreto levantó el lunes el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez.
En ese legajo se encuentran también las declaraciones de los cinco imputados, los cuales coinciden en dos aspectos: no asumir responsabilidades en el presunto saqueo e indicar que, en todo caso, eran de otros.
Así, por ejemplo, Ricardo García Becerril, exgerente de Plaza, declaró que él firmaba las certificaciones, aunque estas eran antes rubricadas por Pérez, por el ejecutivo de la consultora Intecsa-Inarsa Nico Groeneveld y por el director financiero de la plataforma, Pedro Colás. Llevaban, añadió, "una cantidad considerable de documentación" por lo que "consideraba suficiente el control si estaban las firmas" del responsable facultativo y el de la obra. Sí admitió haber visado al menos una "certificación a cuenta", sin la obra realizada.
Groeneveld, por su parte, indicó que eran García Becerril y Pérez quienes las firmaban y negó haber certificado "incrementos de obra ejecutada de forma falsa o ficticia". Admitió que en ocasiones se convalidaban trabajos no realizados, aunque anotó que eso era corregido por la certificación final de todos los trabajos.
Pérez explicó que los pliegos de las contratas indicaban "que Plaza no tenía capacidad para comprobar mediciones de obra", tarea de la que se ocupaba Intecsa-Inarsa. Sus responsables, dijo, visaban previamente las certificaciones que llegaban a su mesa.
ACCIONA
Los exgerentes de la UTE Plaza, empleados de Acciona, se manifestaron en una línea similar.
José María Jordán explicó que él solo daba el visto bueno a las propuestas de certificación que antes había supervisado el jefe de obra, y que "por encima" de él había un órgano con representantes de los socios de la UTE, que era también el que "regularizaba a posteriori" todos los asuntos de subcontratación. El primero en firmar una certificación, añadió, era Groeneveld.
Su sucesor al frente de la UTE, Bretón, "dada su limitada experiencia en el cargo, tuvo que consultar y ser asesorado por sus superiores en Acciona" y sus socios. Nunca puso reparos, dijo, a las certificaciones que enviaba el jefe de obra, cuyo trabajo calificó de "riguroso".
