Sí había un "problema de 220 millones de euros" en el Ayuntamiento de Zaragoza, que se resolvió mediante los créditos para el pago a proveedores. El vicealcalde y responsable económico del consistorio, Fernando Gimeno, reconoció ayer el "problema de financiación" del 2011, pero defendió a ultranza la gestión del equipo de Gobierno municipal ante el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, que concluye que la institución municipal tuvo ese año un desfase financiero de 344,6 millones de euros.

Aunque el consistorio no está de acuerdo con buena parte de los planteamientos del órgano fiscalizador, Gimeno detalló que muchas sugerencias se han tenido ya en cuenta, con la aprobación de 18 medidas, que incluyen la elaboración de un plan de tesorería o la puesta en marcha de un registro de facturas.

A pesar de ello, no obvió el vicealcalde que el consistorio tenía, en el 2011, abultadas facturas pendientes de pago a sus proveedores. "Esa era la realidad del Ayuntamiento de Zaragoza, igual que la de todos los ayuntamientos similares. Todos tenían este problema. Por eso hubo que acudir a pedir financiación", indicó el vicealcalde. "No hay nada nuevo de lo que ya dijimos en su día. Y hoy podemos decir que la situación es excepcionalmente mejor", indicó.

EN LOS CAJONES

Según las propias declaraciones de Gimeno, en el año 2011, la cuenta 413, en la que se almacenan las facturas en los cajones, ascendía a 128,5 millones --la Cámara de Cuentas hablaba de 162,8 millones--. En el 2014, según él mismo, esta cuenta se cerró con 20,8 millones. "En tres años este ayuntamiento ha producido una evolución espectacular", indicó el vicealcalde, que justificó que "no se puede reconocer obligaciones si no hay presupuesto" para afrontarlas. Es decir, como no se contaba con liquidez para abonar las facturas, no se incluyeron en las cuentas.

Al margen de las explicaciones de Gimeno, que agradeció a la Cámara de Cuentas su labor, lo cierto es que el resto de los grupos municipales reclamaron explicaciones con detalle para desmenuzar las cuestiones planteadas por la cámara. El PP, de hecho, pidió la convocatoria de cinco comisiones extraordinarias para abordar de forma temática los problemas planteadas por el organismo fiscalizador. También Chunta exigió la convocatoria de un pleno extraordinario, además de otra comisión por la que pasen los propios representantes de la Cámara de Cuentas para someterse a las preguntas de los grupos.

Las tres formaciones --PP, CHA e IU-- apuntaron ayer a la posibilidad de pedir responsabilidades políticas por las conclusiones que arroja el informe. Los grupos de izquierdas, según las conclusiones que se extraigan de las diferentes sesiones de control. El PP, en boca de su portavoz económico, Jorge Azcón, ya preguntó ayer al vicealcalde Fernando Gimeno "qué tiene que pasar para que dimita alguien en este ayuntamiento".

PUNTOS EN DUDA

El conservador fue sin duda el más crítico con la gestión económica del consistorio en el 2011. Según Azcón, el informe sigue "arrojando dudas" respecto a los 110.000 euros que se pagaron de liquidación a una UTE formada por Sacyr, las certificaciones del corredor Oliver-Valdefierro, la depuradora de la Cartuja "y los millones ahí enjuagados" y en "multitud" de contratos, como el de mantenimiento del Auditorio o el de adjudicación del teatro de las Esquinas.

También fue muy crítico el concejal de CHA, Carmelo Asensio, que valoró las conclusiones del informe de "extraordinariamente graves", dado que "revelan múltiples irregularidades contables y una total falta de transparencia". Sobre todo en lo que se refiere a la contratación, dado que, especificó, se han detallado deficiencias en los 22 contratos analizados. También destacó el nacionalista que el 30% de las entidades subvencionadas tiene imputado algún gasto ajeno a la ayuda.

Por su parte, el portavoz de IU, José Manuel Alonso, puso sobre la mesa las dudas que plantea el informe sobre las obras del corredor verde, además de la concesión de subvenciones y sobre la contratación. En este último punto hizo especial hincapié. "Nos llama la atención el tirón de orejas sobre el seguimiento de los contratos", apuntó Alonso, que exigió la realización de auditorías a las contratas.