El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) decidió ayer que el ayuntamiento no se persone en la querella por el pago de 2,1 millones de euros a AUZSA por los despidos del 2013. Consideró que "no hay circunstancias excepcionales" que lo motiven y coincide con su compromiso de no hacerlo en causas en las que ya está presente la Fiscalía. Pero también se decidió no remitir al juez el informe de los servicios jurídicos municipales, presentado en diciembre, que decía que no hubo lesividad. El juez le pedía declarar si la hubo y cuantificarla pero "el expediente aún está incompleto".
