A pocos días de que empiece el 2017, los casi tres millones de funcionarios y empleados públicos que hay en España no tienen claro todavía si sus salarios subirán en enero. Las promesas del Ejecutivo de una subida salarial del 1% se ha quedado, por ahora, en eso, en un anuncio sin concreción en los Presupuestos del Estado ni en ninguna otra normativa.

La paciencia de los sindicatos se ha agotado ya ante la incertidumbre que sufren las plantillas de las administraciones de toda España, cuyo aumento retributivo depende de lo que determine el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, como normativa básica de obligado cumplimiento para todos los funcionarios. En las últimas semanas, Montoro ha utilizado la subida salarial de los empleados públicos como argumento para negociar con el PSOE su apoyo a los Presupuestos.

El sindicato CSIF considera que es «injustificable» que a estas alturas del año los empleados públicos todavía no conozcan qué pasará con su sueldo en enero. Por eso, el presidente del sindicato, Miguel Borra, exigió ayer al Gobierno que convoque con urgencia la mesa general de las administraciones públicas para «negociar la subida retributiva y la oferta de empleo público para 2017».

De hecho, CCOO y UGT reclaman una subida de los sueldos públicos superior al 1% para aproximarse a la recomendación del 1,5% acordada por los sindicatos y las patronales como guía para los convenios colectivos en el Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva. Para CSIF, es necesario que la oferta de empleo público del 2017 aumente considerablemente después de un recorte de casi 170.000 empleados públicos desde el inicio de la crisis y ha pedido al Gobierno y a los partidos un acuerdo para que se cubran todas la bajas por jubilación.

Mientras, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha comunicado esta misma semana un auto en el que obliga al Gobierno de Aragón a explicar por qué no paga la extra del 2012 que se suprimió a los funcionarios a consecuencia de los recortes emprendidos por el Gobierno central. Tras una demanda del sindicato CCOO, la Justicia obliga a la administración autonómica a convocar la Mesa General de Negociación en el plazo de un mes, incluyendo entre sus puntos del orden del día las razones del incumplimiento de la restitución de la parte no abonada de la paga extra de diciembre del 2012.