Enero puede parecer que ya no es lo que era. El inicio del 2017 no es sinónimo de subidas generalizadas en el coste de la vida y los servicios básicos, al igual que sucedió el año pasado y el anterior. De todas formas, hay servicios muy esenciales, sujetos en parte al vaivén del mercado, que no se libran de las alzas, como el recibo de la luz o el gas natural. Y más que triplican el alza de los salarios (1,08% pactado en convenio hasta junio) en un contexto de inflación del 0,7% hasta noviembre. Con todo ello se puede decir que será un año con más pendiente que los anteriores.
De hecho, los costes salariales hasta el tercer trimestre del 2016 registraron un descenso del 0,3%, hasta los 1.804,1 euros, mientras crecen los beneficios empresariales y la economía alcanza una velocidad de crucero superior al 3%. Para el 2017 está previsto que se reduzca la tasa de crecimiento del producto interior bruto (PIB), según las previsiones de todos los organismos nacionales e internacionales, incluido el Gobierno. El Ejecutivo español pronostica un crecimiento del 2,5% en el 2017, frente al del 3,2% en el 2016.
Lo que es evidente es que la crisis ha erosionado el poder adquisitivo de los salarios. El coste salarial, que en el tercer trimestre del 2008, el último ejercicio de bonanza económica previo a la recesión, era de 1.722,45 euros debería haberse situado en 1.848,19 euros en el mismo periodo del 2016, en vez de en 1.804. Eso significa que se han esfumado más de 600 euros anuales de poder adquisitivo y esto sucede se compare el periodo de crisis que se compare. Y eso teniendo en cuenta la reducción de las retenciones en el impuesto de la renta (IRPF) por la rebaja del tributo aprobada por el Gobierno.
La pérdida de capacidad de compra es evidente y no se recupera todo lo perdido, mientras que los costes de los servicios esenciales no pararon de subir durante una buena parte del periodo, con la excepción del 2015 y el 2016 (dos años con citas electorales). El único cambio de tendencia en positivo en las retribuciones del trabajo lo protagoniza el salario mínimo interprofesional (SMI), que sube el 8%, hasta 707,60 euros mensuales, gracias al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PSOE.
La contrapartida son las pensiones, que se actualizarán el 0,25%. Eso supone que, si se cumplen los pronósticos del Banco de España para el 2017, cederán 1,75 puntos de poder adquisitivo en el 2017, ya que pronostica una inflación del 2%. Y eso se suma al retroceso real de casi medio punto en el año que ha acabado. Los funcionarios también son un colectivo especialmente damnificado por la crisis y la subida salarial está en el aire.
A diferencia de un año atrás, no hay en el ejercicio que comienza citas electorales programadas en la agenda. La rebaja del impuesto de la renta (IRPF), cuya segunda fase se implantó en el 2016, ya se ha consolidado y no se ven nuevos recortes en el horizonte más cercano. En las estimaciones remitidas por el Gobierno a Bruselas a principios de este mes, el Ejecutivo pronostica un aumento de la presión fiscal, es decir, del peso de los ingresos tributarios sobre el conjunto de la riqueza que genera el país, del 34,1% en el 2016 al 34,4%. Y ese cambio, que vienen a ser más de 3.000 millones de diferencia, contrasta con los datos enviados a la Comisión Europea en octubre pasado, en los que estimaba que esta variable se mantendría.
Impuestos en ascenso
La tendencia de los impuestos, al menos de los indirectos, será a subir. Los gravámenes sobre las bebidas alcohólicas de mayor graduación ya han aumentado el 5% y los que recaen sobre los cigarrillos y sobre el tabaco para liar, el 2,5% y el 6,8%, respectivamente a raíz de un decreto de medidas tributarias aprobado por el Gobierno el pasado 3 de diciembre. Con ello prevé ingresar 150 millones adicionales. Pero el grueso procede de reformas en el impuesto de Sociedades, con el que obtendrán 4.800 millones. La mayor novedad es un tributo nuevo sobre las bebidas azucaradas carbonatadas (refrescos), con el que se esperan recaudar 200 millones.
En Aragón, los impuestos autonómicos (entre los que se encuentran sucesiones y donaciones, actos jurídicos, patrimonio, juego) no sufrirán ninguna variación por la prórroga de los presupuestos. Esto implica que, por segundo año, se aplica el tributo sobre hidrocarburos (conocido como céntimo sanitarios) que la DGA introdujo en el 2016.
