El exdirector general de CAI entre septiembre del 2005 y diciembre del 2009, Tomás García Montes, negó ayer cualquier responsabilidad en el declive de la entidad aragonesa. Además, desmintió que ocultase información a los órganos de gobierno en operaciones de riesgo llevadas a cabo a través de CAI Inmuebles y vinculadas al sector del ladrillo. El exdirectivo incluso fue más allá y achacó el hundimiento de la caja --ha pasado de sumar 1.100 millones en activos a tener un valor de algo más de 100 millones en el nuevo grupo Ibercaja-- a la "improvisación" y a la política de desinversiones llevada a cabo tras su salida, en el 2009, con Luis Miguel Carrasco (exdirector general) y Juan María Pemán (actual presidente) al frente de la caja.
"Los que han gestionado la entidad a partir del 2010 tendrán que rendir cuentas", porque "a finales del 2009 la caja era solvente y tenía liquidez suficiente", subrayó tajante García Montes. Por tanto, "no soy responsable en absoluto" de la caída de CAI, porque en el año 2009 "pudo elegir su futuro", añadió.
REPROCHES PARA TODOS El relato de García Montes en la comisión que investiga la gestión de CAI consistió en tratar de echar por tierra los argumentos de quienes le han acusado de dilapidar el negocio de la caja a través de aventuras inmobiliarias de alto riesgo. Para ello echó mano del estatuto de la caja y de las funciones de cada órgano de gestión para defenderse de estas "calumnias y mentiras", destacó el exdirectivo. Así, remarcó que el consejo de administración, los distintos comités (préstamos, riesgos e inversiones) y la comisión de control tenían acceso a la información y debatían y aprobaban la actividad económica y social de la caja.
En este punto, el exdirector general se refirió a las actas de los órganos de la caja, sobre las que apuntó que es "lamentable" y "sorprendente" que la CAI, amparándose en la ley de protección de datos, no las haya remitido para aparecer ahora como "muy malos".
Sobre el riesgo inmobiliario asumido en años anteriores, el exdirector general apuntó que "no hubo malas prácticas en ningún caso y se cumplieron en todo momento los estatutos y la gestión de los riesgos". García Montes. También recordó que tres expresidentes (Pemán, Aznar y Alcázar) eran miembros del comité ejecutivo de préstamos y que "quien supervisó las operaciones de CAI Inmuebles durante varios años fue Luis Miguel Carrasco, a través de Deloitte". Además, dijo que en 2006 Alcázar apostó por "duplicar el tamaño del balance", lo que suponía llevar a cabo más inversión inmobiliaria.
LA 'FUSIÓN FRÍA' Durante la última sesión de comparecencias de la comisión que investiga la gestión de CAI, García Montes también defendió la fusión fría (SIP) que él mismo diseñó con Caja Rioja y Caja de Canarias en el 2009. Un asunto que aceleró su marcha de la entidad y sobre el que afirmó que incluso contó con la bendición del entonces consejero de Economía, Alberto Larraz, porque la alternativa de Ibercaja era "muy dura en términos de empleo". Para García Montes, esa fusión "era la necesaria" porque, además, el Banco de España "quería que se firmase eso". "Luego --añadió-- vino mi cese, ignoraron esta posibilidad y eligieron el camino que les ha llevado hasta aquí".
Sin embargo, a juicio de García Montes, el origen de todo hay que buscarlo en la salida de Rafael Alcázar de la presidencia de CAI en mayo del 2008. Un asunto con el que dijo no tener nada que ver, "aunque todos me acusan de ello". "Yo no tenía ni idea de lo que pasó porque no estaba en esa reunión", aseguró, aunque matizó que sí estaba Juan Antonio García Toledo. "Pregúntenle a él", señaló a los miembros de la comisión. No obstante, reconoció que había un "enfrentamiento diario" con él. "Chocó frontalmente conmigo porque quería ser presidente ejecutivo y los enfrentamientos entre nosotros eran conocidos por el consejo", desveló.
Montes y el empresario y abogado andaluz Ramón Marrero, socio de la caja en sociedades inmobiliarias, fueron ayer los dos últimos comparecientes en la comisión de CAI. Ambos están imputados por apropiación indebida y administración desleal tras ser denunciados por la caja.
