Segundas partes nunca fueron buenas. A esa conclusión debió llegar el Gobierno municipal ayer después de comprobar como la huelga se confirma dejando tras de sí un reguero de daños colaterales en sus relaciones con la empresa, en el seno de comité e incluso en sus relaciones con CHA e IU. Y con 125 personas todavía despedidas.
EL AYUNTAMIENTO
La teniente de alcalde de Servicios Públicos, Carmen Dueso, fue bastante dura con el comité de empresa y su actitud con el referéndum de la plantilla. Le enfadó que el pasado miércoles el presidente del comité, Javier Anadón, firmara un principio de acuerdo que quedaba supeditado a la opinión de la plantilla y luego esta se silencie, dejando desarmado al Gobierno en la negociación. Se le había ninguneado por una representación sindical que le culpaba públicamente de los despidos.
Su cabreo fue a más al ver que la dirección de la concesionaria lo aprovecha para salir a decir que su propuesta municipal era confusa, que no la iban a aceptar aunque se conociera el resultado del referéndum y que apoyan a los trabajadores por hacer huelga. Una burla en toda regla.
RELACIÓN CON CHA E IU
En numerosas ocasiones habían salido CHA e IU para instarle al Gobierno municipal a intervenir, a mediar en el conflicto para salvar a los despedidos, a presionar a la empresa e incluso estudiar la posibilidad de rescindir el contrato. Los nacionalistas llegaron a suspender la negociación por el presupuesto y supeditarla a esa readmisión de los empleados que ahora están en el paro. Y lo consiguieron. Forzaron una segunda oferta, en la línea de la primera y que zanjaba el conflicto en las calles y la huelga en el servicio. Llevaba camino del éxito hasta que se rompió la cadena por el mismo sitio que la anterior ocasión. Impedir el recuento rompe las reglas democráticas y se quedaban sin saber si la plantilla estaba de acuerdo. Y ellos perdían sus argumentos para pedir más esfuerzos al Gobierno. Por eso en IU ayer reconocían estar "perplejos" y CHA llamará solo a los despedidos para renegociar con ellos, porque el interlocutor del comité se la ha vuelto a jugar a ambos.
EL COMITÉ DE EMPRESA
La situación en la que queda el comité de empresa de Autobuses Urbanos de Zaragoza (AUZ) es desoladora. La fractura entre los representantes sindicales es definitiva y en las próximas horas podrían anunciarse las primeras dimisiones de algunos de ellos. El enfado en UGT, CC.OO. y CSIF es monumental y se quedan sin argumentos para explicarle a la plantilla por qué sus votos del pasado viernes no han valido para nada y a los 125 despedidos por qué su recolocación ahora es casi imposible. La decisión de silenciar el resultado del referéndum les deja a todos en muy mal lugar y ha conllevado a un escenario en el que el ayuntamiento les hace responsables del fracaso, los ciudadanos que han respaldado sus protestas quizá no entiendan si es posible convocar una votación y luego guardar en una sala las urnas precintadas a la espera de que alguien decida que es el momento de contar los votos y lo peor es que han allanado, quizá sin pretenderlo --aunque en el consistorio empiezan a pensar que puede ser intencionado--, el camino a la empresa para despedir y salir indemnes de críticas. Porque la ciudad no sabe qué opina la plantilla y eso es culpa de ellos.
LA DIRECCIÓN DE AUZ
La situación en la que quedaba el pasado miércoles la dirección de Autobuses Urbanos de Zaragoza (AUZ) era compleja. El ayuntamiento y el comité habían llegado a un acuerdo y dependía de ella la paz social. Pero los responsables tenían la obligación de apurar los plazos. Porque sabía que el tiempo iba a provocar que ambas partes rompieran su unidad. Alguien fallaría, debieron pensar.
Efectivamente, el referéndum desencadenó la discordia, volvieron a la greña por una acuerdo que nunca quedaría ratificado y aprovechó el enfado del consistorio para dar carpetazo a la propuesta municipal. Los casi 4,5 millones de euros en masa salarial que se ahorra con los despidos es una cuantía nada desdeñable. Insuficientes eran los 500.000 kilómetros porque apenas representaban 1,5 millones de euros. Así que a la mínima, anunció que la oferta del ayuntamiento no era aceptable y animó a la plantilla a protestar contra el recorte de kilómetros del nuevo contrato.
