El ayuntamiento dijo ayer basta al "circo" montado por la dirección y el comité de empresa de Autobuses Urbanos de Zaragoza (AUZ). Después de fracasar en su intento por evitar los 153 despidos en agosto y con el ERE de la concesionaria ya ejecutado, la segunda intervención en este conflicto ha acabado peor todavía. Porque después de ofrecer la recolocación de los despidos forzosos en dos años e inyectar 500.000 kilómetros más al año en el servicio, el comité ha acabado por dejar en suspenso su visto bueno al silenciar el resultado de un referendo en la plantilla que iba a ser vinculante para ratificarlo. El consistorio cargó ayer duramente contra él por "secuestrar" la voluntad de los trabajadores y, a continuación, apareció la empresa desmarcándose en un comunicado con que la oferta municipal era "confusa" y que la rechazan.
Por si fuera poco, ahora es la dirección la que muestra su apoyo a los trabajadores en la huelga que comenzará mañana con paros parciales en hora punta, de 12.30 a 15.30 horas, porque esta va dirigida "en contra de las condiciones recogidas en los pliegos del concurso" por reducir en tres millones el número de kilómetros. "No es la empresa la que ha decidido tomar esta postura sino que se ha visto obligada a aceptar y dar cumplimiento a las condiciones establecidas por el pliego", manifestó.
COMUNICADO
Y "sobre la confusa oferta que ha aparecido a última hora", aseguró ayer que aceptarla "sería irresponsable, pondría en serio riesgo la viabilidad de la empresa y supondría la imposibilidad de garantizar el empleo y las condiciones laborales de la plantilla; e impediría prestar el servicio de calidad que la ciudad demanda", concluyó.
Una afirmación que llegó pocas horas después de que la responsable municipal de Servicios Públicos, Carmen Dueso, y el vicealcalde, Fernando Gimeno, comparecieran en rueda de prensa para anunciar que el consistorio abandona la mediación después de la actitud mostrada por ambas partes. "Han demostrado que solo les interesa la reducción de costes y la rebaja salarial", no la recolocación de los 125 despidos forzosos en el ERE ejecutado el pasado mes de agosto, la máxima prioridad para el Gobierno junto a las afecciones al ciudadano que provocaría una huelga.
Ambos fueron especialmente duros con los representantes de los trabajadores por "secuestrar la voluntad de la plantilla" en un referendo cuyo resultado era condición indispensable para ratificar ese acuerdo. Ahora, tira la toalla en la mediación y deja la recolocación de esas personas y la huelga en el servicio en manos de ellos. Eso sí, con su propuesta de solución todavía sobre la mesa. "Sus prioridades no coinciden con las del Gobierno de la ciudad, ninguna", dijo Gimeno.
Su enfado era visible ayer, "sobre todo por las decisiones "que no han tomado los trabajadores, sino el comité de empresa" --ocultar el resultado de la votación--. Una actitud que ha acabado por desarmarle en la negociación con el máximo responsable del grupo empresarial en España, Jesús López Torralba.
