Defender derechos y libertades

Buena parte del éxito de nuestra sociedad, que goza de un régimen legal de derechos y obligaciones ciudadanas, estriba en conjugar los diversos intereses de todos, aunque no siempre se consigue.

En el ámbito privado, cada persona –física o jurídica– es dueña de sus decisiones. Sin embargo, se generan conflictos en este entramado de derechos y cargas, no solo con otros ciudadanos y empresas, sino incluso con el propio Estado.

La abogacía nace precisamente para intentar resolver las pugnas derivadas del ejercicio de nuestros derechos y libertades. No es una profesión nueva, ciertamente, pues nace para el asesoramiento y defensa cuando surge el conflicto. El despacho de un abogado constituye el primer paso del camino hacia la justicia, pues informa, previene o, en última instancia, facilita el acceso a los tribunales.

Nuestro Estado, con el marco inigualable de los derechos y libertades consignados en la Constitución, no solo consagró el legítimo derecho de defensa, sino que lo extendió expresamente a todos los ciudadanos que carecieran de medios económicos para costear los gastos. Se trata del conocido derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Obviamente, la responsabilidad del correcto funcionamiento de la asistencia jurídica gratuita corresponde a la Administración, obligada a facilitar los medios para su plena efectividad. Los medios personales están constituidos por los abogados, quienes prestan estos servicios bajo su organización colegial. Pero los medios materiales, la financiación, en definitiva, incumbe a la Administración competente.

La abogacía, desde hace ya varios siglos, tiene configurada la obligación colegial de defender a personas necesitadas de defensa que carecieran de medios económicos. Y me atrevo a decir que, de la misma forma, hace ya tiempo que la abogacía impulsó un pionero elenco de servicios de carácter eminentemente social. Sin ir más lejos, el Colegio de Abogados de Zaragoza creó, allá por los años ochenta del siglo XX, los servicios de asesoramiento integral a la mujer, así como servicios de orientación jurídica a presos e inmigrantes.

Nuestra parte la hemos cumplido. Y sobradamente. Nuestro Colegio, los abogados de Zaragoza, especialmente. Este año, con ocasión de nuestro 625º Aniversario –el más veterano de España– es buena oportunidad para recordar a nuestros conciudadanos el compromiso de la abogacía por defender sus derechos, sea cual sea su situación personal, económica, origen o condición. Y este compromiso lo cumplimos, de manera impecable, a pesar de que no siempre se retribuye de manera adecuada.

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