Los 'debe' del justiciazgo

El pasado año por estas mismas fechas nos reuníamos en Estrasburgo la Red Europea de Defensores del Pueblo (ENO en sus siglas en inglés), bajo la coordinación de la defensora del pueblo de la Unión Europea, la Dra. Emily O´Reilly, en la que se agrupan tanto defensorías nacionales como regionales, como un órgano de trabajo transversal y de compartir experiencias y formas de actuar.

Entre las conclusiones de dicha reunión destacaba la apuesta de todas las defensorías por la necesidad de mantener la mayor accesibilidad y buen trato hacia los ciudadanos que defendemos, que en la resolución final se plasmó al indicar que los defensores de la red deben ser «accesibles y serviciales, justos, imparciales, coherentes y eficaces». Estos deseos en el actuar de los modernos ombudsman, se hacia extensivo a las administraciones a las que en los distintos países o regiones están bajo su supervisión, algunas de las cuales han llegado a distanciarse tanto de los ciudadanos, que incluso son algoritmos los que adoptan decisiones respecto de ellos, como es el caso de los países bálticos, en los que la relación personal en la tramitación administrativa es prácticamente inexistente.

Sin embargo el Informe anual del Justiciazgo de 2022, entregado hace unas semanas a las Cortes de Aragón pasado, ha dejado claro que los anteriores deseos chocan con la realidad de una administración cada vez más impersonal, en la que lo «telemático» y la «cita previa» es referente, y a la que al ciudadano cada vez se le hace más difícil el poder acceder, muchas veces con contravención de lo que las propias normas imponen.

En ese mismo informe anual dejábamos constancia de nuestros 'debe', aquellas cuestiones que el equipo del Justiciazgo reconocemos que no hemos sido capaces de implementar. En primer lugar la puesta en marcha de unos verdaderos procedimientos de mediación administración/ciudadano, en el que sean las propias partes, desde el acuerdo, las que encuentren la solución a las controversias, dejando a un lado posturas maximalistas y decisiones de parte de obligado cumplimiento. Nuestro homologo en Andalucía lleva años actuando con gran éxito en dicho campo, y sin duda debemos aprender de ellos para logra que en el Justiciazgo las actuaciones en mediación alcancen la importancia debida.

La segunda gran cuestión que el Justiciazgo de este siglo XXI tiene que conseguir es que junto al conocimiento que los aragoneses tienen de la Institución, mucho y con sentimiento propio, lo tengan también de las funciones («misiones» dice nuestro Estatuto de Autonomía) que las normas le confieren, cómo las desarrolla y la forma en que el ciudadano puede acceder a ella para la defensa de sus derechos y libertades. Los aragoneses sienten la figura histórica del Justiciazgo, sobre todo en el referente idealizado de Juan de Lanuza V, desde su carga identitaria y reivindicativa, pero el Justicia de Aragón actual es más que su gran historia, y sin olvidarla, defenderla y tenerla siempre presente, ahora es tiempo de que se conozca el Justicia de los Gastón, Monserrat, García-Vicente y Dolado, y su labor.

Por último, y sin que se entre en contradicción con la forma en que al inicio de este artículo exponíamos debe relacionarse el Justiciazgo con el ciudadano, y siempre teniendo las puertas abiertas de nuestras oficinas para recibir a los aragoneses, el futuro del Justiciazgo pasa por la modernización de sus procedimientos internos y respecto a las administraciones, debiendo éstas ser capaces de facilitar («auxiliar» dice la normativa) de forma rápida al Justicia en sus investigaciones, sin dilaciones que afecten a la rápida resolución de las quejas ciudadanas.

No olvidemos nunca, y de ello también tienen que tomar buena nota las distintas administraciones, que existimos por los ciudadanos, y a ellos nos debemos.