Un jurado juzgará a un funcionario por primera vez en Aragón

El exsecretario del Ayuntamiento de Miedes de Aragón, Miguel Angel B. A., será juzgado el próximo mes de marzo por un tribunal popular por un presunto delito de malversación de caudales públicos por el que fiscal solicitará tres años de prisión, mientras la acusación particular eleva su petición a cuatro años. Es la primera vez que se aplica la Ley del Jurado en esta comunidad a un funcionario por un delito cometido ejerciendo su cargo.

Según las diligencias instruidas, el acusado, que fue secretario municipal durante 20 años, se habría apropiado de 36.000 euros (6.200.000 pesetas) del dinero público en sucesivas remesas, entre 1997 y 1999, mediante la falsificación de recibos y facturas.

La supuesta malversación se descubrió en el 2000, a raíz de un accidente de tráfico sufrido por el funcionario y que le provocó lesiones de las que aún no ha curado, lo que obligó al ayuntamiento a sustituirlo. El nuevo secretario detectó las irregularidades al revisar los libros. Un informe de la DPZ confirmó que en las cuentas municipales existían numerosas anomalías.

Las investigaciones determinaron que el fraude se había producido tras retocar los recibos y facturas firmados por el alcalde, con cantidades superiores a las originales. El acusado ingresó algunos de los talones falsificados en su cuenta bancaria.

El descubrimiento de la falsificación causó consternación en la localidad y un debate en el ayuntamiento, donde los concejales del PP se negaron a aprobar el inicio de acciones legales contra Miguel Angel B.

El alcalde, el socialista Jesús Leciñena, convocó una asamblea de vecinos, donde éstos acordaron que se denunciaran los hechos en el juzgado. Un pleno municipal aprobó que el ayuntamiento se personase en la causa con los votos de los tres concejales del PSOE y la abstención de los tres del PP y uno del PAR.

Los vecinos explicaron que "lo sustraído podía ser más, porque el acusado llevaba casi 20 años de secretario y sólo se han podido demostrar documentalmente las presuntas sustracciones entre 1997 y 1999".

Estas mismas fuentes señalaron que la actuación de Miguel Angel B. podría ser también el origen del conflicto surgido en la antigua Mancomunidad del Perejiles, donde también actuó de secretario.

La mancomunidad tenía que haberse disuelto tras las anteriores elecciones municipales para integrarse, con la mancomunidad del Río Grío, en otra de nueva creación, la de Sierra Vicort y Espigar, ya en funcionamiento desde entonces.

Sin embargo, la mancomunidad del Perejiles sigue teniendo vida legal porque el anterior presidente, José María Castillo, del PAR y que ahora no ocupa ningún cargo político, se ha negado a constituirla para iniciar su periodo de disolución.

Pese a los requerimientos realizados a la DGA para que interviniese, la situación sigue estancada.