El Gobierno murciano ha encargado a un gabinete jurídico de Madrid que estudie la posibilidad de demandar posibles indemnizaciones a particulares por la derogación del trasvase del Ebro, según indicó ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz del Ejecutivo de esa comunidad, Fernando de la Cierva.
Esta es la respuesta del Gobierno de Murcia a la reunión que el presidente de la Región, Ramón Luis Valcárcel, mantuvo el jueves con la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. La ministra también mantuvo ese día un encuentro con el valenciano Francisco Camps. Explicó a ambos cuál es la solución del ministerio para el Levante: ahorro, reutilización y desalación. Ni los 2.209 millones de euros de inversión para el litoral, ni los 554 hectómetros cúbicos prometidos para el Levante satisfizo las expectativas de Murcia y Valencia, que calificaron la solución de "insuficiente". Ayer se sucedieron las reacciones de rechazo desde ambas comunidades.
"Habrá que ver si los derechos que ha generado la ley, al suprimirse, deben ser objeto de indemnizaciones", explicó el portavoz del Ejecutivo murciano. Tanto el portavoz como el consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, pidieron que la Administración central indemnice a los agricultores y empresarios que en los últimos años han realizado inversiones en sus explotaciones por las "expectativas" generadas con el trasvase del Ebro. Ambos, una vez que el ministerio ya ha anunciado la derogación de la ley en dos o tres semanas, hablaron de la necesidad de que se articulen medidas para "resarcir" a la región por la "usurpación de derechos".
ACCIONES LEGALES Informaron además de que un gabinete de abogados de Madrid, experto en temas de agua, está preparando las acciones legales que interpondrá el Ejecutivo regional junto a la Generalitat Valenciana contra la actuación del Gobierno central en este asunto. Con estas acciones , paralelas a posibles movilizaciones ciudadanas previstas por el Gobierno regional, el Ejecutivo pretende un pronunciamiento sobre la legalidad de derogar una ley por la vía del decreto.
Mientras tanto, el presidente murciano, el popular Ramón Luis Valcárcel, afirmó ayer que la derogación del trasvase del Ebro "me da la impresión de que obedece más a un peaje que el Gobierno de Zapatero tiene que pagar, concretamente a Esquerra Republicana de Cataluña, mucho antes que a cualquier otro argumento que pueda razonarse desde la perspectiva técnica e hidrológica".
