El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha archivado la causa que se seguía contra la Consejera de Ciencia Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón, Ángela Abós, por los presuntos delitos de acoso laboral y desobediencia de una sentencia judicial. El juez instructor no ha apreciado indicios de conducta delictiva en su actuación.

Abós había sido denunciada por una antigua secretaria del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, María Teresa D., cuando la consejera presidía esta institución. La querella llegó al TSJA el pasado mes de enero por tratarse de una persona aforada, aunque Abós no prestó declaración hasta el pasado día 15.

ACOSO LABORAL Según la denuncia, la querellante, que había sido despedida de su puesto de trabajo en 1995, cuando Ramón Alfonso presidía el consejo, recuperó su situación laboral en marzo del 2005, cuando el Tribunal Constitucional declaró nulo el despido por estimar que se había vulnerado la garantía de indemnidad. María Teresa D. había sido represaliada por ejercer sus derechos fundamentales y recurrir a los tribunales. Fue indemnizada con 300.000 euros en concepto de los perjuicios sufridos durante el tiempo en que estuvo apartada de su puesto laboral.

No obstante, aunque fue readmitida, la afectada fue apartada de todas las funciones que tenía en su puesto de trabajo, que había ocupado desde 1987 a 1999, y llegó a ser colocada en una mesa con un ordenador que no tenía acceso a los programas.

Esta presunta marginación y acoso provocó en la querellante un estado de ansiedad y depresión que se prolongó durante un año.

No obstante, el juez ha estimado que Abós no dio ninguna instrucción que supusiera la marginación de la empleada en el consejo, por lo que ha sobreseído la querella, según auto fechado el pasado miércoles. Contra esta resolución puede presentarse recurso de reforma en el plazo de cinco días, a partir de la fecha en que hayan sido notificadas las partes.

La querella también se ha ampliado contra el secretario del consejo, persona que no está aforado, por lo que ya no es competencia del Tribunal Superior de Justicia y, una vez que el auto sea firma, las actuaciones se remitirán al Juzgado Decano para que proceda a reparto entre los juzgados de instrucción. Serán estos los que tramiten la querella que ya no estará dirigida contra la consejera de Ciencia.