Ya es un hecho que tanto el Ejecutivo aragonés como el Gobierno central se plantean endurecer la ley antitabaco prohibiendo el consumo de cigarrillos en todos los bares y restaurantes. Y cuentan con el apoyo decidido de algo más de un tercio de los aragoneses: un 36% asegura que estaría de acuerdo mucho o bastante en que las medidas restrictivas se incrementasen. Sin embargo, más del 55% de la población no apuesta por un endurecimiento de la norma, que hasta ahora deja a los locales pequeños escoger si se deja o no fumar en su interior e impone la separación física de espacios en los grandes. Quizás estas cifras sean el espejo de una dura realidad: a pesar de la norma, Aragón es una de las comunidades en las que se ha incrementado la venta de cajetillas de cigarrillos.

Estos datos, procedentes del Barómetro sanitario del año 2008 que se ha publicado en los últimos días, revelan dos cosas: los aragoneses no están dispuestos a dificultar aún más el consumo de tabaco y el Ministerio de Sanidad está pulsando la opinión de la población para hacerlo, como demuestra que parte de la encuesta anual se centre en este asunto y en la elaboración de una norma que dificulte el consumo de alcohol entre los adolescentes.

DIVISIÓN DE OPINIONES Ante la afirmación sobre si habría que endurecer más ley, solo el 5,7% de la población considera que mucho; el 30,2% que bastante; el 22% asegura que está poco de acuerdo con la propuesta y el 33% dice no estar nada de acuerdo con la premisa. Un 8,6% no sabe o no contesta. Estos porcentajes varían notablemente de una comunidad a otra. Por ejemplo, el 52% de los canarios y de los ciudadanos de Castilla-León cree que la ley debería endurecerse. Otras autonomías, como Navarra y Cantabria, obtienen tasas contrarias a un endurecimiento de la norma similares a las que tiene la comunidad aragonesa.

La Consejería de Salud del Gobierno de Aragón, con la Dirección General de Salud Pública al frente, ha abanderado ya desde hace varios meses la propuesta de la prohibición total del tabaco en lugares cerrados y, de hecho, se han realizado ya varias reuniones con expertos y sectores implicados, como el de la hostelería, para determinar el grado de sintonía con la propuesta.

Salud Pública creó un grupo de trabajo que, tras analizar la situación actual, señaló cuatro motivos fundamentales para que no se fume en los locales de la hostelería aragonesa: garantizar la salud laboral de sus trabajadores, que los ciudadanos dispongan de ambientes libres de humo en lugares de ocio, evitar la discriminación que se plantea entre los distintos empresarios al fijar diferentes requisitos en función de la superficie del establecimiento, su ubicación o actividad; y, finalmente, que disminuya la aceptación social del tabaco.

BUSCAR EL CONSENSO Este grupo de trabajo estuvo integrado por representantes de la Administración, de empresarios de la hostelería, de consumidores, de trabajadores y de diferentes entidades, con el objetivo de alcanzar el mayor grado posible de consenso. Sus conclusiones se han plasmado en el documento Garantizar espacios sin humo en todos los espacios públicos. Propuesta de modificación de la legislación vigente en materia de consumo de tabaco en el sector de la hostelería y ocio al que se han adherido más de 64 entidades de Aragón y del resto de España.

El ya exministro de Sanidad, Bernat Soria, cogió el guante lanzado por Aragón y ya indicó que la ley se endurecería a no muy largo plazo. Todavía no se ha definido al respecto la nueva ministra, Trinidad Jiménez, aunque ya ha mostrado con un gesto su postura en contra del tabaco y ha decidido que las cajetillas incluyan, en lugar de mensajes disuasorios, fotografías.

En cuanto a la efectividad de la ley actual, hay división de opiniones. La mitad de los ciudadanos aragoneses considera que la mayoría de los fumadores respeta poco o nada la norma, frente a un 42% que asegura que mucho o bastante. La mayor parte de los ciudadanos, en concreto el 64%, sí cree que los no fumadores sufren ahora menos molestias que antes. Y casi el mismo porcentaje reconoce que se fuma menos tras la aplicación de la ley.

Según los últimos estudios, se calcula que 3.000 personas mueren cada año en España por el humo de los demás, una estadística engrosada sobre todo por los trabajadores de locales de ocio.