El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza han entendido que la confrontación institucional no les beneficia y, 48 horas después de que empezaran a aparecer en los medios las cantidades que ambas se adeudan en las sociedades en que participan, había que poner freno a tanta tensión. Por eso ayer contactaron para sellar una paz provisional que a ambos les conviene: a la DGA para poner en orden sus cuentas y al ayuntamiento para no entorpecer las negociaciones por la Ley de Capitalidad que tanto le urge. Los puntos de fricción existen, solo se aparcan.

Resurgirán en esas mismas sociedades que comparten, probablemente, en las que a corto o medio plazo, en época de reducción del gasto público, podrían acabar cediendo todo o gran parte del esfuerzo económico a la administración que ejerce de motor en la misma. Incluso llegando a dejar su participación en niveles mínimos, algo simbólico, como ya ocurre, por ejemplo, en Expo Zaragoza Empresarial, donde tras liquidarse Expoagua la DGA se quedó con el 97,5% del accionariado y el ayuntamiento el 2,5%.

La polémica surgida con el contrato de Ryanair, en la que el consistorio anunció su intención de dejar de subvencionar los vuelos de bajo coste (de forma progresiva), y el Ejecutivo aragonés sacó a relucir que la deuda municipal con la sociedad promotora del aeropuerto (PAZ), de 4,3 millones, provocó un encontronazo entre ambas instituciones. Y más aún después de conocerse la deuda de la DGA con la sociedad Ecociudad Valdespartera, que asciende a 1,5 millones de euros.

DEUDAS QUE SIGUEN Un fuego que el ayuntamiento se apresuró a apagar ayer enviando un comunicado en el que, además de mostrar su intención de colaborar en la promoción del aeropuerto (aunque no habla de las subvenciones a compañías aéreas, ni de cuantías), manifestaba que "da por supuesto la mutua lealtad entre ambas instituciones a la hora de defender los intereses generales de los aragoneses".

Y también el Gobierno de Aragón, a través del consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, manifestó que le había "sorprendido" la polémica surgida pero que le pedía al consistorio "lealtad institucional" y esperaba que ambas administraciones mantengan en el futuro "una relación fluida". Una escenificación perfecta del pacto de no agresión entre ambas partes.

No obstante, las deudas pendientes siguen existiendo y ambas instituciones tienen mucho que callar. Cerrar la caja de los truenos no es tan sencillo cuando, por ejemplo, la deuda de la DGA en Ecociudad Valdespartera ha acabado en los tribunales, con un recurso por no estar de acuerdo con la cantidad que se le reclama.

Tampoco se puede esconder, es un documento público, que en la liquidación del presupuesto municipal del 2010, las transferencias corrientes del Ejecutivo aragonés fueron 1.746.107 euros menos. De los 8.034.259,27 euros que se comprometió a abonar por las competencias impropias que asume el consistorio acabó pagando 6.288.151,77. Y más aún, el debate sobre estas competencias se abrirá de forma inminente, y si estas no van acompañadas de financiación acabará tensando aún más la situación.

Un informe de los servicios jurídicos municipales los cifra en 60 millones de euros (ahora se calcula en 100), referidos a servicios sanitarios, atención social, cultura, educación no obligatoria, turismo, deportes, vivienda y desarrollo económico y social.

Además, en sociedades como la del tranvía, en la que el ayuntamiento es el motor y la DGA un apoyo fundamental, el Gobierno aragonés aún adeuda a Los Tranvías de Zaragoza (de economía mixta) "unos siete millones de euros", según indicaron fuentes municipales consultadas por este diario. No obstante, al consistorio no le interesa tensar las relaciones si quiere mantener el apoyo de la DGA a un proyecto fundamental para la ciudad. Y más si quiere una segunda línea.

Pero hay más puntos de encuentro que podrían acabar en desencuentro. Por ejemplo lo que pasará con la depuración. Zaragoza se construyó su propia depuradora y es el único municipio aragonés que no le cobra un canon de depuración a los ciudadanos, del que ingresaría una parte la DGA. Hasta finales del 2012 no puede exigirlo y por medio está la intención del ayuntamiento de ofrecerle la venta de la misma. El otro gran debate a abordar es si la aportación de la DGA en el transporte urbano de Zaragoza es suficiente o debería comprometerse a una mayor aportación.