Aa Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delitos Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía investigan varios miles de supuestas facturas falsas --unas 7.000, según algunas fuentes-- para determinar si los trabajos y servicios que describían en ellas algunas empresas subcontratadas por la UTE Plaza fueron efectivamente realizados y prestados o si, por el contrario, las decenas de miles de euros que varias de esas firmas recibieron --algunas, con periodicidad-- constituyen el presunto saqueo por el que ya hay imputadas cinco personas: el exgerente de la plataforma logística, Ricardo García Becerril; los exresponsables de la UTE José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, ambos de Acciona; el exdirector técnico del complejo logístico, Miguel Ángel Pérez, y Nico Groeneveld, ejecutivo de la consultora Intecsa, contratada para supervisar el desarrollo de las obras de urbanización.

Las facturas estaban semanas antes de la redada del 14 de agosto en manos de la Fiscalía Anticorrupción, a quien se las entregó, en formato informático, una de las personas que comparecieron como testigos ante el fiscal José Grinda durante la instrucción de las diligencias.

La investigación, coordinada ahora por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, tiene como objetivo determinar si alrededor de 50 millones de euros salieron irregularmente de la empresa pública mediante el pago de facturas hinchadas o directamente falsas, emitidas por trabajos y servicios que nunca existieron.

Las pesquisas también tratan de determinar si varios directivos de la plataforma logística y de la UTE que ejecutó las obras de urbanización se lucraron e incrementaron su patrimonio mediante el desvío de dinero oficialmente destinado a financiar las obras de urbanización y actuaciones de mantenimiento. Alguno de los testimonios con los que cuenta Anticorrupción apuntan la presunta existencia de caros viajes y costosas reformas domiciliarias.