El exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, negó ayer, ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, Alfonso Tello, que hubiera amañado los concursos del apeadero ferroviario de la plataforma logística y del movimiento de tierras de la zona de reserva para futuros crecimientos del complejo, que fueron adjudicados a la UTE de Acciona y Mariano López Navarro por, respectivamente, 8,34 y por 7,1 millones de euros.
García Becerril declaró ayer durante algo más de dos horas como imputado en este procedimiento, el tercero de los cuatro abiertos en los juzgados zaragozanos sobre la gestión de la empresa pública en el que está encartado.
Plaza, personada como acusación en la causa, sospecha que "se había producido una connivencia previa a la adjudicación de los contratos". Se basa en el contenido de unos correos electrónicos entre el exgerente de la UTE, José María Jordán, y varios de sus colaboradores en las obras de Plaza en los que comentan aspectos de esas obras.
García Becerril negó que en la tramitación de esas licitaciones existiera n irregularidades. "He contestado a todas las preguntas que me han hecho", declaró a los medios tras salir del juzgado. "Falta información que Plaza conoce y que tiene el consejo de administración, y que mis abogados aportarán", añadió.
COMO SIEMPRE
En un tono de ligero nerviosismo, anotó que "es como siempre. Como en el caso de Decathlon, por el que el consejo decidió denunciarme pese a saber que yo no tenía nada que ver con esa negociación".
La investigación de las licitaciones comenzó tras una denuncia de la Fiscalía, según la cual los contratos fueron adjudicados por procedimientos negociados y sin publicidad y --en el caso de la zona ferroviaria-- con base en un estudio de ofertas carente de fecha y cuyo autor no lo firmó.
El exgerente de Plaza está en libertad bajo fianza de 300.000 euros en el caso saqueo, en el que el juez José Ignacio Martínez investiga el presunto saqueo de varias de millones de euros en la plataforma logística. Y, pese al embargo de todo su patrimonio, afronta en el caso pagarés --el juez Picazo investiga un supuesto desfalco millonario en la construcción de las naves de Autocity-- el pago de una fianza de responsabilidad civil de 18,85 millones junto con el exconsejero delegado de Plaza, Carlos Escó; el exdirector técnico del complejo, Miguel Ángel Pérez, y Agapito Iglesias, constructor y accionista mayoritario del Real Zaragoza SAD.
Sólo permanece al margen del caso PDL, en el que la jueza Mercedes Terrer trata de esclarecer si hubo algún delito en el sobrecoste de 3,1 millones de euros que Plaza pagó a la constructora Conanvisa por una parte de los trabajos de construcción de la nave de Caladero.
