García Montes asegura que no se ocultó información a la dirección de la CAI

Garcia Montes, que fue director general entre 2005 y 2009, ha reconocido que tuvo "muchos enfrentamientos", casi diarios, con el presidente de la CAI Rafael Alcázar, en cuya destitución, "golpe de estado", ha dicho, por el consejo de administración no tuvo participación, a pesar de que "todo el mundo" le culpa, porque no estuvo en esa reunión y no estaba en el orden del día.

Al respecto, ha revelado que el conflicto entre ambos se circunscribió a que Alcázar quería ejercer una presidencia ejecutiva cuando los estatutos de la caja precisan que el máximo ejecutivo es el director general, que es quien hace cumplir los acuerdos del consejo de administración, que aprobaba "todas las operaciones" y el presupuesto.

Estas explicaciones las ha dado en la comisión parlamentaria que investiga la gestión de la entidad de ahorro desde el 2000, que hoy ha concluido el turno de comparecencias con el testimonio del empresario y abogado andaluz Ramón Marrero, socio de la caja en sociedades inmobiliarias.

Los dos están imputados, tras presentar la caja aragonesa una querella contra ellos, por el juzgado de instrucción número 4 de Zaragoza por presunta apropiación indebida y administración desleal durante el desempeño de su cargo.

Sobre el contenido de la querella, el exejecutivo de la caja no ha querido hablar y ha denunciado que se ha sentido víctima "de todo tipo de ataques injustificados", de "falsas noticias", de "mentiras" y hasta de un "linchamiento", en referencia a la valoración de que desde distintos ámbitos se ha hecho a su desempeño en al entidad.

García Montes, quien tenía que haber comparecido el día 1 de julio, ha destacado que no ha estado "escondido" ni "huido" y que por una razón que desconoce no facilitaron la dirección de su domicilio a la comisión, en la que ha comparecido "encantado" para contestar a las preguntas de los distintos grupos políticos.

Ha remarcado que el consejo de administración, los distintos comités (de prestamos, riesgos) y la comisión de control, al contrario de lo que han dicho algunos en la comisión, tenían acceso a las información y debatían y aprobaban la actividad económica y social de la caja.

Al respecto, ha afirmado que es "lamentable" y le "sorprende" que la caja, apoyándose en la ley de protección de datos, no haya remitido las actas de los acuerdos del consejo de administración para aparecer ahora como que eran "muy malos, muy malos, pero no hay nada para demostrarlo".

Especialmente crítico ha sido con el exresponsable de auditorías internas de la CAI, José Manuel Ibáñez, y con el representante del sindicato Asipa, Carlos Montón, cuyas comparecencias las ha calificado como "especialmente inaceptables" y respecto a las cuales ha entregado sendos documentos a la comisión para desmentir sus acusaciones de presuntas malas prácticas.

En 2009, ha relatado, los estados financieros "reflejaban que la situación de la entidad era solvente", ha defendido el fallido proceso de fusión (SIP) con Caja Rioja y Caja Insular de Canarias y ha lamentado que el consejo de administración no lo aceptara al considerar que la caja podía seguir sola "cuando sabían que era imposible".

García Montes ha indicado que los gestores de la caja tendrían que explicar el "fracaso" de Caja3, una decisión estratégica "que no funcionó" y que, según ha dicho, para contar con el apoyo del consejo de administración el entonces presidente, Antonio Aznar, ofreció como "contrapartida" su cese, "que acepté -ha dicho- por el bien de la caja".

El exdirector ha contado sus buenas relaciones con el Banco de España, que ya advirtió en 2005 sobre la burbuja inmobiliaria y la necesidad de reducir los riesgos en el sector, y con los consejeros de Economía, a los que informaba directamente de los procesos de fusión con otras cajas, ya que tienen que recibir el visto bueno de la administración autonómica.

En este sentido, ha dicho que se reunió con el exconsejero Alberto Larraz para hablar del proceso de fusión y que éste le dijo que era más partidario de que se uniera a Caja Rioja y Caja Insular más que a Ibercaja "porque sería muy duro en términos de empleo" para Aragón.

Sobre CAI Inmobiliaria, cuyas actividades han sido muy cuestionadas, ha indicado que no se trataba de "un ente extraño" para ocultar información, que estaba auditada por Deloitte desde su constitución (año 2000), y que se informaba de sus operaciones y resultados al consejo de administración.

El empresario andaluz Ramón Marrero, por su parte, ha precisado que no tiene ninguna relación orgánica con la CAI, que es un empresario privado y que tenía negocios compartidos con la caja y otras entidades, a través de unas seis o siete sociedades, de las que se desvinculó en 2009.

Las relaciones comerciales que tenía con la caja son las normales en los códigos mercantiles, en las que se arriesga dinero y "unas veces se gana y otras se pierde", y ha precisado que sólo tuvo relaciones con los presidentes de la CAI de "carácter protocolario", nunca "de carácter ejecutivo", y que conoció a García Montes cuando era subdirector de la entidad.

Sobre los pisos que directivos de la CAI compraron a mitad de precio y los viajes con sus familias, ha señalado que se han sacado de contexto y que era muy normales esas prácticas en aquel tiempo porque había dinero y en todo caso, ha agregado, eran aprobados por los consejos de las sociedades.

Finalmente, ha dicho que de sus antiguas relaciones con CAI sólo queda pendiente de liquidar una deuda de 6,5 millones de euros por parte de Invesport, una de las empresas en las que compartieron el consejo de administración.

Las conclusiones de la comisión de investigación de la CAI, en la que han comparecido más de treinta personas, comenzarán a elaborarse a lo largo de la segunda quincena de este mes, y según ha informado su coordinador, el diputado Antonio Ruspira, se prevé que estén finalizadas antes de mediados del próximo mes de octubre.