El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Fernando Zubiri, que deja el cargo tras diez años, considera que "no parece de recibo que tengamos algunos procesos que solo en la fase de instrucción están durando varios años".

En una entrevista con la agencia EFE, en la que se refiere a su trabajo al frente del TSJA, los retos que tiene la administración de justicia o las reformas que impulsa el Gobierno, Zubiri ve con preocupación la dilatación de algunos procesos y la posible reducción de los partidos judiciales en la comunidad.

Fernando Zubiri, quien será sustituido por Manuel Bellido, titular del juzgado de lo social numero 5 de Zaragoza, nombrado el pasado jueves por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, se siente satisfecho de la apertura de la institución a la ciudadanía y de contar con instalaciones adecuadas, "se han cambiado muchas cosas", pero reconoce que hay asignaturas pendientes.

Entre otras, el retraso que se acumula en la jurisdicción social fruto de la crisis, que ha provocado un aumento de la litigiosidad, aunque ha descendido desde 2011, y en los asuntos de custodia compartida, que con su entrada en vigor dio lugar a que se revisasen muchos procedimientos anteriores.

"Hemos intentado reforzar el funcionamiento de los tribunales en cuanto a medios y espacios. En definitiva, tenemos unas instalaciones adecuadas", ha destacado el magistrado, quien no obstante ha señalado que desde 2010 no se han creado nuevas sedes judiciales en la comunidad.

Sobre la lentitud de la justicia y los importantes recursos económicos inmovilizados por falta de una sentencia firme, ha indicado que la cantidad exacta que hay en Aragón la desconoce, aunque, en su opinión, la tramitación de modo general en la comunidad es "bastante ágil", entre seis y siete meses.

No obstante, ha reconocido que algunos procesos penales se dilatan "excesivamente", ya que son "instrucciones muy complejas" difícil de "desentrañar por parte de un juez", por lo que se ha pronunciado a favor de modificar la ley de enjuiciamiento criminal cuyo procedimiento es "excesivamente antiguo", "anquilosado" y "no esta al día para resolver estas cuestiones".

Que la fiscalía se hiciera cargo de la instrucción, con un juez de garantías, podría ser una solución, o centralizar, si se mantiene el juez, en algunos momentos todas las peticiones y recursos para agilizar los procesos, porque una justicia atrasada "es menos justicia".

"Es urgente en nuestro país que se consiga un procedimiento penal que tenga la suficiente agilidad", porque no "es bueno que a una persona se mantenga imputada durante largo tiempo", una figura que habría que "redefinir", ya que "ni favorece" a su honor, "ni al sentimiento de justicia" que tiene la sociedad, que inicialmente le atribuye la comisión de un delito, ha advertido.

Esta es una de las reformas que debería impulsar el Gobierno, a su juicio, mientras que ha cuestionado algunos de los aspectos del anteproyecto de ley del poder judicial, que, a su juicio, debía de "repensarse", en lo referente a la posible reducción de los partidos judiciales.

En territorios como Aragón, se ha mostrado a favor de que se tenga en cuenta, porque "no es desdeñable", que hay poca población y está muy dispersa, lo que podría dejar sin cobertura judicial una gran parte del territorio.

"Quizá algunos Partidos Judiciales no tengan virtualidad en este momento, pero creo que hacer desaparecer todos ellos centralizando todo en las capitales de provincia no es la mejor solución", ha afirmado.

Tras reclamar consensos mayoritarios para acometer ciertas reformas, ha resaltado que se ha avanzado en la consideración que el ciudadano tiene del juez, como "la ultima persona a la que puede acudir para pedir la defensa de sus derechos", cuando nadie le escucha sus pretensiones.

Por ello, ha defendido la justicia gratuita, para que haya "de verdad igualdad ante la ley", y ha criticado que se quieran establecer "demasiadas trabas" (como la de no poder recurrir a este servicio gratuito mas que tres veces en un año) en la reforma que propone el Gobierno, ya que debe haber igualdad de partes en un proceso.

A este respecto, ha considerado positivo que se busque un arbitraje o la mediación sin judicializar los casos para solucionar conflictos, pero "hay que dejar muy claro" que "nunca se puede privar al ciudadano del derecho a acudir a los tribunales".

A modo de resumen, Zubiri ha señalado que lo mas perentorio en la comunidad es un segundo juzgado de lo penal en Huesca, reforzar los juzgados de lo social y la Audiencia en Zaragoza y un mayor número de magistrados en lo penal, mientras que Teruel estará dotada suficientemente en 2015 con la rehabilitación del edificio de los juzgados.