Cumplidos los dos primeros años de la entrada en vigor del decreto que supuso un antes y un después en la situación de la Dependencia en Aragón, la portavoz socialista de Servicios Sociales, María Victoria Broto, lamentó que, según datos oficiales del Imserso a 30 de junio de 2014, 7.632 personas con derecho a prestación la están esperando todavía --que podrían ser 16.969 si se incluyesen los afectados de primer grado que según la ley comenzarían a cobrar a partir de 2015-- y recordó que con este ejecutivo los ciudadanos que han dejado de percibir esta manutención económica en el entorno familiar son 5.824, 813 en junio.

La portavoz del PSOE volvió a asegurar una vez más que desde que gobierna Rudi en la comunidad, hay menos personas que perciben una prestación por dependencia, han aumentado los recortes en las ayudas a estos colectivos, se ha incrementado el copago y se ha producido un frenazo en la incorporación de dependientes.

La portavoz también criticó que los últimos datos demuestran una situación de "demolición" del derecho. Desde que el Partido Popular llegó al Gobierno, "en el año 2011, en Aragón tenemos un 26,8% menos de personas recibiendo servicios, siendo la comunidad donde más ha disminuido el número de beneficiarios --la siguiente es La Rioja, con un 13,2%--". Broto recordó que en ese mismo año "Rajoy decía que la Ley de Dependencia era inviable y que haríaa lo que pudiera" por lo que, según la portavoz socialista, el presidente se ha encontrado con una "cómplice que ha demolido el sistema". Y es que el presupuesto para Aragón disminuyó de 41 millones en 2012 a 25 millones en 2013.

Además, insistió en que "lo triste es que el ejecutivo no quiere reconocer esto y utiliza la mentira". Y es que, según Broto, el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, afirmó que desde la DGA prefieren que existan unos servicios diarios de calidad a dar prestaciones. Pero para la oposición este gesto supone que los afectados "no van a ver ni servicios ni ayudas" y, además, no aplicar la Ley de Dependencia genera un problema añadido: el empleo que se pierde en centros de día. "Tememos que esta va a ser la tendencia hasta el final de la legislatura".

Además, son muchos los afectados que preguntan día a día cuándo van a percibir su prestación sin recibir respuesta. Broto aseguró que "el Gobierno solo reconoció abiertamente al Tribunal de Cuentas que no cuenta con el presupuesto suficiente para atender este gasto, pero a los implicados nunca, incluso teniéndolo concedido", explicó.