Las ayudas para pagar las facturas de luz y gas en Aragón se duplican

La DGA, en colaboración con 113 entidades sociales y el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE), presentó ayer el primer estudio de campo sobre el alcance de la pobreza energética en Aragón, que muestra un problema "poco relevante" para la comunidad pero "muy grave" para los que lo padecen, según lo definió ayer Sabrina Scarpellini, directora del área de Socioeconomía de la última entidad. La poca relevancia correponde al 1,6% de los hogares aragoneses: 7.222 de ellos están en situación de vulnerabilidad energética, y 1.301 alcanzan la pobreza energética.

PROBLEMAS

En la primera categoría entran aquellas familias que tienen dificultades para pagar la factura. Dicho de otra forma, aquellos para los que la luz y el gas suponen un porcentaje excesivo de los ingresos. Los que están en situación de pobreza directamente no pueden pagar, y son los destinatarios de las ayudas, según resumió ayer Marina Sevilla, directora general de Energía y Minas del Ejecutivo autonómico. Ambas responsables del estudio acompañaron al consejero de Industria, Arturo Aliaga, en la presentación de este informe.

El dinero, por el momento, lo proporcionan muy mayoritariamente las oenegés --646.024 euros frente a los 217.909 de las instituciones públicas--, aunque la DGA, según aseguró ayer el consejero, intentará revertir esta situación. La media de ayudas es de 1,3 a cada aragonés, con un valor de 124 euros. Lo que preocupa a las entidades es que, de no mejorar la situación, gran parte de los 7.222 hogares que aún se las arreglan para pagar caerán en la pobreza.

Los motivos de estas dificultades, según expuso Sevilla, están claramente marcados por la situación de "pobreza general", consecuencia del paro y la crisis económica, de la que este problema es solo una faceta. Contando con ello, las predicciones de que las ayudas de urgencia sigan aumentando hasta el 2017 contradirían los vaticinos del Gobierno central de que la situación mejorará en breve.

Pero Scarpellini no lo vio así, porque hay otras causas que contribuyen a los problemas de pago, y en las que la DGA y los ayuntamientos también pretenden actuar.

Estas tendrían que ver, por orden de relevancia, con las instalaciones de las viviendas --las más antiguas suelen ser menos eficientes, como los electrodomésticos--; las condiciones de construcción de las viviendas, con peores aislamientos; los costes de la energía y, en un porcentaje nimio, los hábitos de consumo en los hogares.

Según reflexionó Aliaga, el Gobierno de Aragón se había preocupado en los últimos años "en que los aragoneses tuvieran las mejores condiciones de suministro eléctrico y gasístico". Anteayer mismo, se firmaba un acuerdo para electrificar masías en el Matarraña. "Curiosamente, con la crisis nos ha aparecido un fenómeno", continuó, la paradoja de que los aragoneses tengan buenas instalaciones pero no puedan pagar lo que estas proveen. "Habríamos hecho mal nuestro trabajo --apuntó el consejero-- si no atendiéramos ahora a esta realidad".

EXPERIENCIA

El estudio es el primero que se basa más en la experiencia directa --con ayuda de los servicios sociales-- que en la estadística, y su elaboración ha llevado ocho meses, con la colaboración de 65 expertos y entrevistadores y 113 entidades. Entre otros aspectos, revela que, por provincias, en Zaragoza el problema es urbano (805 casos frente a 180 rurales), mientras en Huesca y Teruel solo hay, respectivamente, 22 y 12 ejemplos en las ciudades. La mayoría (154 y 127) se dan en el campo.

En este sentido, según expuso aliaga, se ha detectado cierto retroceso a la biomasa --fundamentalmente madera-- como forma de calentar los hogares en los pueblos de Aragón.