La portavoz socialista de Educación en las Cortes, Mayte Pérez, y miembros de las Juventudes Socialistas han presentado una proposición no de ley en la que proponen la retirada inmediata del real decreto por el que se reordenan las enseñanzas universitarias y se regulan las de doctorado.
Con esta iniciativa las Juventudes Socialistas inician la precampaña de la huelga del 26 de febrero del sector educativo para decir, según explica en una nota de prensa Diego Piñeiro, secretario general de las juventudes de Aragón, que "esto no es una solución y que lo único que se busca es una universidad elitista y de baja calidad y que la gente no pueda llegar a la universidad".
Para este colectivo, esta reforma es "un retroceso claro", motivo por el que anuncian el apoyo a todas las movilizaciones del próximo día 26.
Mediante el real decreto, el Gobierno de España ordena las enseñanzas universitarias oficiales con la posibilidad de que las universidades puedan ofertar grados de tres años y máster de dos años de duración.
Un cambio que dará lugar a un "encarecimiento" de los estudios superiores al aumentar los años de máster y, "en muchos casos, conllevará obligar al alumnado que quiera desempeñar plenamente su profesión a tener que cursar dichos estudios, atacando la equidad de acceso a la enseñanza universitaria", señala Paula Marco, vocal de Educación de Juventudes Socialistas.
También creen que esta reforma dificultará la orientación del futuro alumnado y creará una situación de conflicto, que sumado a la premura de su implantación, "no permitirá una correcta regulación de convalidaciones ni permitirá desarrollar los títulos sin que exista una devaluación de la calidad de la formación".
Por su parte, la diputada Mayte Pérez critica que se quiera implantar una reforma "sin el diálogo adecuado con la comunidad educativa, que debe ser un requisito indispensable ante cualquier cambio en el sistema educativo de nuestro país".
Mediante la iniciativa parlamentaria se pide a las Cortes de Aragón que insten al Consejo de Gobierno a apoyar la decisión de la Conferencia de Rectores de las Universidades de España (CRUE) sobre la moratoria para no implantar la reforma hasta el año 2017 en caso de no ser retirada y al Gobierno de España a retirar dicho Real Decreto.
También proponen solicitar un informe al Consejo de Universidades sobre los resultados de la vigente ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y promover en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado una comisión que elabore un informe sobre los efectos de la reforma en la financiación pública y privada de las universidades, en la igualdad de oportunidades y en el acceso al empleo de los titulados.
