El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) saldó ayer con sabor agridulce la primera contienda en el salón de plenos del ayuntamiento por su apuesta por presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el cobro del Impuesto por la Contaminación de las Aguas (ICA) que la DGA quiere aplicar a todos los zaragozanos este año. Una intención que, pese a que en la Comisión de Economía solo se trataba de dar cuenta, solo contó con el respaldo de Ciudadanos. El lado positivo es que la abstención del PP y, sobre todo, la sorprendente de Chunta Aragonesista, dejaron solo al PSOE en contra.
El responsable del área, Fernando Rivarés, echó mano de argumentos ya conocidos para justificar una decisión que solo se adoptará si así lo decide el próximo pleno, que se celebra el lunes que viene. Del convenio que estuvieron a punto de firmar el anterior Gobierno municipal y la DGA gobernada por Luisa Fernanda Rudi por el que se garantizaba el cobro a cambio de 40 millones de inversión en la ciudad que ahora se ha eliminado en el edificio Pignatelli, o lo "injusta" decisión de hacerle pagar a Zaragoza por contaminar las aguas cuando esta ya depura con una planta que costeó con su dinero. "Eso es algo que Triviño hizo bien", llegó a decir metiéndose en terreno pantanoso.
CRÍTICAS Solo la portavoz de C's, Sara Fernández, se posicionó en esa tesis, la misma que defendió en las Cortes para votar en contra de una ley de medidas fiscales que obliga ahora a Zaragoza a pagar, aunque se pactara con un 70% de bonificación el primer año. Allí el PP dio su apoyo, pero ayer se abstuvo porque, según la conservadora María Navarro, ZeC solo está intentando "hacer guerra" contra la DGA usando a los tribunales para asuntos que deberían discutirse o negociarse entre las partes, no en litigios que costarán dinero al erario público. Y resaltó que "los servicios jurídicos avisan de que no van a prosperar". Por eso le instó al Gobierno municipal a no interponer recurso y a retirar el contencioso dirigido contra el decreto que le obliga a facilitar el padrón al Instituto Aragonés del Agua (IAA) para cobrarlo.
Desde CHA, Carmelo Asensio insistió en el informe jurídico que da pocas probabilidades de éxito y que aunque "se pueda coincidir en algunas cuestiones de fondo con respecto al ICA, las formas (de ZeC) dejan mucho que desear", y que "solo quiere escenificar un conflicto institucional". Aún así, aseguró que su voto el lunes puede cambiar.
"A ustedes no les han preocupado los ciudadanos, ha hecho un uso político de esta cuestión y ha cometido una torpeza", arremetió el socialista Javier Trívez, quien recriminó a Rivarés su intención de "ponerse en guerra" para ocultar "lo que ya sabemos, su incapacidad para llegar a acuerdos". Además, le advirtió que ZeC será "responsable de los costes" judiciales y de "todo en lo que pueda incurrir por no facilitar los datos" a la DGA. Y que fue ZeC el que "ha dinamitado" cualquier acuerdo.
