Tras dos meses y medio de juicio, el final de las sesiones del juicio por la operación Molinos tuvo ayer el ambiente de un fin de curso de instituto. La alegría era patente en casi todos los rostros: en los magistrados, que podrán volver de la Ciudad de la Justicia a su hábitat natural en la Audiencia Provincial de Zaragoza; en los abogados, que podrán atender como es debido sus despachos y el resto de casos; y en los acusados, que pese a tener (algunos) la incertidumbre de la condena, la sobrellevarán en su casa, y no bajo la atención mediática.
Siete años después de que estallara la operación, los acusados que quedan están a pocos meses de conocer su destino penal. Quizá por el buen nivel general de las intervenciones de los abogados defensores --también de las acusaciones--, parecían confiados.
Deudas
Pero la alegría va por barrios. Mientras la exalcaldesa Pinilla defendía su inocencia y buena gestión en 24 años en el consistorio, el actual alcalde, Adrián Tello, rumiaba otras cifras.
Por ejemplo, la sentencia condenatoria de 4 millones de euros que tuvieron que abonar anteayer por unas viviendas que invadían una vía pecuaria. Ayer, afrontaron un embargo de 2,7 de Ibercaja. "La consecuencia principal de todo esto es que estamos pagando 2,5 millones al año de deudas de aquella época, pese al pueblo estupendo que se dejó", ironizaba. Y aún les quedan unos 8 por delante, según los cálculos de 16 millones aún por resarcir.
Por esto, Tello se encontraba ayer "con ganas de que llegue la sentencia, porque toca resarcir a La Muela", aseguraba. Por el momento apenas cuentan con los 350.000 euros que aportaron por sus deudas los empresarios de Brocover que admitieron los hechos --los hermanos Fernández Delgado--, aunque hay otras cantidades embargadas pendientes de la resolución del caso.
