El Arzobispado de Zaragoza aceptó ayer in extremis que el despido de la notaria del Tribunal Interdiocesano de 1ª Instancia de Zaragoza fue improcedente. Una solución que conllevará una indemnización mayor --no precisada-- para María del Carmen Amador y evita que se debata en sede judicial la trama para defenestrar al anterior arzobispo, Manuel Ureña, que todo hace indicar que está detrás del despido. Y de otros procesos judiciales que la mujer tiene pendientes.
El juicio, que no llegó a celebrarse, iba a tener lugar ayer por la mañana en el Juzgado de lo Social número 6 de Zaragoza. Según explicó la abogada de Amador --ella rechazó hacer declaraciones--, Almudena Borderías, lo que iban a solicitar era la nulidad del despido, y en su defecto que este fuera considerado improcedente. A esto último acabó por avenirse el representante legal del Arzobispado.
Así, la cesada puede considerar probado que el despido no fue por causa objetivas, sino parte de la purga que el actual arzobispo, Vicente Jiménez, realizó contra los que contribuyeron a la caída de su antecesor. Y el arzobispado podría argumentar, en un momento dado, que sus razones para despedirla --"faltas repetidas e injustificadas de asistencia, retraso o abandono de su puesto de trabajo"-- existieron, pero no fueron de la suficiente entidad para despedirla.
RAÍCES
El acuerdo evitó que salieran a relucir los posibles motivos reales del despido. Y es que, como publicó este diario, Amador habría ayudado a recopilar supuestas malas prácticas en la diócesis, junto con Roberto Ignacio Ferrer, vicario judicial del Tribunal Interdiocesano y el sacerdote y profesor del Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón (CRETA) Antonio Mas. Ambos dimitieron por solidaridad con Amador.
El informe recopilatorio habría sido elaborado bajo la tutela del actual arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y el jesuita y asesor del Papa, Germán Arana. Llegó al Vaticano, precipitando la caída de Ureña, y a la Fiscalía Anticorrupción --por posibles delitos amenazas, coacciones, abuso sexual, o apropiación indebida, entre otros--, sin concretar autores y sin resultado judicial hasta ahora. Un WhatsApp cruzado entre Omella y Ferrer ya alertaba de que en este juicio podía salir "todo" a la luz, y el arzobispo abogaba por separar el despido del asunto de Ureña.
