Defensa anuncia por sorpresa la venta o arriendo del cuartel

El Ministerio de Defensa anunció ayer por sorpresa la venta o arriendo del solar del cuartel Sancho Ramírez de Huesca, la instalación castrense por la que la ciudad lucha denodadamente desde hace un año y medio para evitar que sea trasladada. La noticia provocó una ola de indignación tanto entre las familias afectadas como en el ayuntamiento oscense.

El alcalde de la ciudad, el socialista Luis Felipe, convocó una rueda de prensa en la que subrayó que Huesca se opone a la desaparición de su única instalación militar y recordó que una parte del terreno sobre el que se levanta el acuartelamiento, de algo más de 10 hectáreas, es de propiedad municipal y se cedió en su día a Defensa.

El anuncio aparece en la página web del ministerio de Pedro Morenés, donde se deja constancia que el suelo (107.000 metros cuadrados), construido en un 40%, puede dedicarse a varios usos: industrial, terciario, dotacional y residencial.

"No nos esperábamos una cosa así", manifestó ayer Patricia Novo, que encabeza la asociación de familias afectadas por el traslado. "Una medida así no puede aparecer directamente en una página web del ministerio, antes debe hacerlo en su boletín y en otros cauces legales", explicó.

Novo recordó que el cuartel proporciona 250 puestos de trabajo directos y un número mayor de tipo indirecto e insistió en el derecho de las familias a permanecer en la ciudad.

"Pensamos que detrás de este anuncio de venta o arriendo existe algún oscuro interés que se nos escapa, pues la medida se ha adoptado sin avisar a nadie, con un ministro en funciones y cuando el proceso electoral y la situación política hacían pensar que todo estaba paralizado hasta el otoño", añadió la responsable de la plataforma que se opone al traslado del Sancho Ramírez.

Todas las fuerzas políticas oscenses se oponen a la marcha del cuartel de la ciudad, una medida que Defensa adopta alegando razones de ahorro y mejora de la operatividad de sus efectivos.

Según los planes del Ejecutivo central, los militares serán llevados a otras instalaciones, sobre todo en Zaragoza, a finales de este año, mientras que el proceso de cierre se desarrollará durante el primer cuatrimestre del 2017.

Ahora, la puesta en venta o alquiler del recinto parece tener como objetivo acelerar todo este proceso, haciendo caso omiso del clamor unánime de la sociedad y la clase política de la capital del Alto Aragón.