El Gobierno de Aragón poco a poco le estrecha el cerco al de Zaragoza en Común (ZeC) y va mostrando sus cartas para resolver la recaudación del impuesto sobre la contaminación de las aguas (ICA) que el consistorio todavía no le ha dejado recaudar. Hace unas semanas, pocos días antes del pacto por la ley de capitalidad, el presidente Javier Lambán le ofreció al alcalde, Pedro Santisteve, una solución que pasaría por reinvertir en Zaragoza «unos 7 millones de euros en dos años» a cambio de dejarle recaudar el recibo. Y ayer, en el pleno del consistorio, el PSOE y CHA le instaron a que negocie precisamente eso, la reinversión de una parte de los «14 a 16 millones de euros» al año que obtendría la comunidad de los zaragozanos.
El alcalde, en su momento, rehusó por entender que no se podía pactar algo así sin que la DGA también atendiera la deuda que Zaragoza le reclama por el tranvía, unos 40 millones de euros. Un callejón sin salida, como bien sabe, porque la Intervención General del Ejecutivo autonómico ha fijado la liquidación de ese convenio en 7,9 millones de euros y no aceptará ni un euro más. Es decir, este asunto está abocado a los tribunales y dinamitó el pacto por el ICA. Además, el mismo día del ofrecimiento partía la caravana del agua de la RAPA, que iba a rechazar por todo Aragón este impuesto.
Esto antecede al debate de ayer, en el que ZeC dijo estar de acuerdo en negociar (ya no se niega a un impuesto que tiene recurrido en el Tribunal Constitucional), aunque «por error» votó en contra. Así que la moción acabó rechazada (aunque intentó repetir la votación).
No así con la propuesta del PSOE de que la tasa del saneamiento que cobra Zaragoza vaya disminuyendo conforme aumente el recibo del ICA, algo a lo que ZeC se negó en rotundo.
