La FAMCP pide que no se sancione a los municipios sin depuradora

La presidenta de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Carmen Sánchez, ha pedido la intermediación del consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, para que no se sancione a los ayuntamientos que carezcan de sistema de depuración de aguas.

Sánchez remitió ayer una carta al consejero en la que le solicita que traslade al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente la petición de que las Confederaciones Hidrográficas del Ebro (CHE) y del Júcar paralicen los procedimientos sancionadores iniciados contra varios ayuntamientos por carecer de sistema de depuración y verter aguas residuales a los ríos.

La carta se realizó coincidiendo con la reunión de ayer entre Olona y la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, en la que el consejero pretendía pedirle explicaciones por las sanciones impuestas a los consistorio que no pueden depurar sus aguas en su propio municipio.

En la misiva, Sánchez le recuerda al consejero que las corporaciones locales están inmersas y sujetas al Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, cuya paralización ha dejado a los ayuntamientos obligados a establecer infraestructuras de saneamiento y depuración «indefensos ante la actitud sancionadora de las confederaciones hidrográficas».

Precisamente, el propio consejero anunció este miércoles junto a la directora del Instituto del Agua (IAA), Inés Torralba, la rescisión de los contratos para construir estas instalaciones en el Pirineo como consecuencia de la redacción de un proyecto demasiado costoso y desmesurado aprobado por el Gobierno PP-PAR.

La responsable de la FAMCP denunciaba en su escrito la falta de respuesta por parte de dichos organismos de cuenca a la petición de mantener una reunión para tratar esta situación y explicarles los problemas a los que se enfrentan municipios como Aísa, Canfranca, Astún, Castiello, Hecho, Villanúa, Aínsa, Boltaña, Broto, Torla, Fiscal, Bielas, Benasque o Cerler.

Desde la FAMCP reclamaron a Olona que pida a las confederaciones que paralicen los procedimientos iniciados o que se coadayuve a los entes locales al pago de las sanciones con cargo al Impuestos de Contaminación de Aguas (ICA). Este impuesto ha generado grandes crispaciones entre la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza. Según el Gobierno de la ciudad, se trata de un «tributo injusto» para los zaragozanos que llevan años financiando su propia depuradora.