La comisión especial sobre las deudas mutuas entre la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza retomaba ayer la ronda de comparecencias con el que fuera consejero de Obras Públicas en el Gobierno aragonés, Rafael Fernández de Alarcón, durante el mandato del PP de Luisa Fernanda Rudi y en el momento en que se dejó de pagar por el tranvía, en el 2012. Estuvo casi hora y media respondiendo a las preguntas de los concejales y, aunque no quiso hacer declaraciones después, en el interrogatorio se limitó a desvincularse de la decisión adoptada por el Ejecutivo aragonés. Se tomó desde Hacienda, dijo, y en su caso solo hizo que pedir facturas que justificaran el gasto.

Estuvo más prolijo el exconsejero con otra cuestión que ha salido a relucir en esta comisión: la liquidación pendiente por los aprovechamientos de Plaza y el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR). En este asunto, expuso que llegó a haber un «acuerdo verbal» entre la DGA y el ayuntamiento en el 2013, pero que fue el pleno municipal el que acabó rechazándolo. En él, la ciudad aceptaría cobrar ambos aprovechamientos con suelo del PTR porque, argumentó, la ciudad se dio cuenta de que debería asumir la conservación de viales y zonas verdes y eso obligaba a un desembolso millonario. Habría consumido ello lo que le correspondía en solo ocho años o menos.

Aun así se siguió negociando por ambas partes, reconoció. Porque, en su opinión, tanto aquel convenio del 2006 como el del tranvía los entendía de obligado cumplimiento. Aunque remarcó, en el caso del primero, la «debilidad jurídica» que supone que no se llegara a firmar.