Las Cortes instan a rescindir contratos con Marsegur en instalaciones de Defensa

La Comisión de Economía, Industria y Empleo ha aprobado una iniciativa de Podemos que "insta a denunciar de manera inmediata la concesión a Marsegur" de los servicios de seguridad privada que presta en instalaciones del Ministerio de Defensa, debido a la anulación del convenio de empresa.

La propuesta ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, Podemos y Grupo Mixto y las abstenciones de PP, PAR y Ciudadanos, han informado fuentes parlamentarias.

Con esta proposición no de ley las Cortes instan al Gobierno de Aragón a que se dirija al Gobierno de España para denunciar la situación de los trabajadores de esta concesionaria.

El diputado de Podemos Román Sierra ha asegurado que el personal de la empresa Marsegur "no ha cobrado la nómina de agosto" y sus salarios han bajado "un 40 %", toda vez que ha resaltado que su convenio colectivo de empresa "no está vigente".

Desde el PP, Ricardo Oliván ha sostenido que el Ministerio de Empleo ha denunciado el convenio de esta empresa y ha trasladado que el proceso de privatización de los servicios de seguridad en centros militares fue desarrollado "desde 2009 por el PSOE".

Por su parte, la socialista Leticia Soria ha comentado que se deben preservar "los derechos laborales" y, por ello, insta al Gobierno a defender a los trabajadores y se tomen las medidas "frente a esta empresa incumplidora".

Jesús Guerrero, del PAR, ha cuestionado la privatización de la seguridad en los espacios de defensa y ha mostrado su postura de abstenerse en esta iniciativa de impulso.

Según Javier Martínez, de Cs, "cuando habla de empresa no se aceptan situaciones que son propias del mayor de los sinvergüenzas pero el problema es más amplio de lo que aquí se está tratando, por ello hay que buscar soluciones".

Por último, desde el Grupo Parlamentario Mixto (IU), Patricia Luquin ha lamentado que "se permita que una empresa que se dedica a la vigilancia de las instalaciones de defensa lo haga por salarios de auténtica miseria".

La Comisión también ha debatido un texto del PP que reclamaba "desarrollar un programa específico de apoyo a la exportación para la empresa familiar" o "adoptar bonificaciones fiscales en la trasmisión de las empresas para evitar su cierre o su deslocalización".

La popular Dolores Serrat ha defendido el "reconocimiento a las empresas" de este tipo y que el crecimiento de un país está vinculado a la capacidad de sus empresas.

El texto no ha salido adelante al recibir el voto en contra de PSOE, Podemos y Grupo Mixto.

La socialista Leticia Soria ha reivindicado el trabajo del Ejecutivo en estas líneas, "apoyando el trabajo de estas empresas y su relevo generacional", mientras que, para Erika Sanz (Podemos), "hay que estar encima de los que más lo pueden necesitar, como los autónomos y las microempresas familiares".

"Ya existen programas en este sentido", ha asegurado Sanz, mientras que desde el Grupo Mixto, la diputada de IU Patricia Luquin ha explicado que no tienen "la misma posición que el PP en materia fiscal".

Sí que han votado a favor PAR y Ciudadanos.