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control de los balances municipales

Los pueblos aragoneses destacan en transparencia

La media estatal en el 2016 se colocó en un 56% frente al 93% de la comunidad. Las entidades locales son las más cumplidoras ante el Tribunal de Cuentas

Los pueblos aragoneses destacan en transparencia

Las entidades locales de Aragón eran, a 31 de diciembre del 2016, las que más rindieron sus cuentas generales del ejercicio 2015 al Tribunal de Cuentas, con nivel de transparencia del 93%. Según un informe de fiscalización aprobado por el pleno del organismo correspondiente al 2015, el 56% de las entidades locales cumplieron esta obligación en el plazo legalmente establecido, porcentaje inferior al registrado en el 2014, cifrado en un 62%.

El único nivel de rendición superior al 90% se alcanzó en las entidades locales de Aragón (93%) y, por encima del 80%, se encuentran las de la Comunidad Valenciana (88 %), La Rioja (88 %), Asturias (87 %), Galicia (86 %), Cataluña (83%), Madrid (82 %) y Canarias (81 %). Las entidades aragonesas también han demostrado su voluntad de cumplir con las exigencias de transparencia en el propio control autonómico. La propia Cámara de Cuentas en la comunidad presenta porcentajes similares de participación.

Los niveles de rendición más bajos correspondieron a los cabildos y consejos insulares (10%), agrupaciones de municipios (15 %), mancomunidades (40%) y entidad de ámbito territorial inferior al municipio (49%). En Aragón suelen ser por lo general ayuntamientos de pequeño tamaños los que dejan de enviar sus balances para el control estatal.

Por comunidades autónomas, el menor grado de rendición, a 31 de diciembre del 2016, afectaba a las entidades locales de Andalucía, con un 34 %, seguidas de las de Castilla-La Mancha, Murcia y Cantabria, con unos niveles del 62 %, 63 % y 65 %, respectivamente. Para contribuir a la mejora de la transparencia el Tribunal de Cuentas recomienda homogeneizar, en las normativas estatal y autonómica, los plazos de rendición de las mismas en todo el territorio nacional; fortalecer las medidas legislativas encaminadas a fomentar el cumplimiento en plazo, e incrementar los importes de las multas.

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