El rector se une a las quejas por los efectos de la ley de contratos

El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, lamentó ayer que la nueva ley de contratos públicos se haya hecho sin consultar a quienes la tienen que aplicar y, sobre todo, sin dejar «un periodo de transición para adaptar las estructuras de compra de los Organismos Públicos de Investigación (OPIS)». «No se pueden cambiar las reglas de juego de hoy para mañana con una publicación en el Boletín oficial del Estado (BOE)», criticó, en representación de la institución académica, una visión que aseguró que es compartida por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

De hecho, según adelantó Mayoral, después de la presentación del Consejo Mundial del proyecto de Solidaridad Internacional José Martí, este será el tema central que va a regir la reunión de la CRUE de mañana. Quieren analizar la aplicación de contratos del sector público que «supone un parón para todos los investigadores».

Para el rector, el problema de esta ley, «que ha llevado a una superburocratización», ha sido la aplicación que se ha hecho de normativa europea en España, ya que otras universidades europeas tienen centrales de compra donde se hace todo a través de proveedores oficiales, una cuestión «que las españolas no han tenido tiempo de hacer».

Con todo, Mayoral apuntó que «con el tiempo, se podrá trabajar con esta ley», pero con algún «retoque» sobre aspectos como el límite de gasto o la descentralización de alguna unidad, dos cuestiones que, a su juicio, «se podrían haber incluido al principio de la ley si se hubiera consultado».

Junto al rector, el concejal de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, se sumó a las críticas de esta ley «que dejó acordada Rajoy», y la calificó como un «desastre» y una «locura burocrática ineficaz e ineficiente para centros educativos, hospitalarios, universidades, centros médicos y ayuntamientos grandes y pequeños». «No se consultó acerca de los conceptos que debía manejar», dijo, y es una ley pensada «para comprar, vender y hacer contratos en los ministerios». Vio la norma como una transposición «horrible» de la europea, igual que el techo de gasto y el límite de deuda.