Aragón cuenta desde hoy con su propia ley de Memoria Democrática, una norma que ha evidenciado la división de la Cámara en dos mitades y que pretende, según su exposición de motivos, reparar a las víctimas del franquismo, tanto en la Guerra Civil como en la posterior dictadura, desde los principios de la verdad y la justicia.

PSOE, Podemos, CHA e IU han apoyado decididamente la norma, que ha contado también con la aprobación de Ciudadanos, con algún matiz, pero que ha sido duramente criticada por el PP y el PAR, cuyos portavoces han considerado que es excluyente, extremista e involucionista.

La exposición de motivos de la norma considera imprescindible recordar y homenajear las vidas y las experiencias de aquellos que se esforzaron por conseguir y defender en Aragón el régimen democrático de la Segunda República Española, a quienes sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y a quienes padecieron castigo, persecución o muerte injustos a manos de la dictadura de Franco.

Y resalta, además, el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal producida por razones políticas, ideológicas, expresión o identidad de género o de etnia, o de creencia religiosa durante la Guerra Civil y el Franquismo.

La ley crea un Censo de Memoria Democrática; dispone medidas para el reconocimiento y reparación de las víctimas; obliga al Gobierno aragonés a actuar para la exhumación de las víctimas de las fosas, cuyo mapa se actualizará, además de crear un depósito de ADN homologado.

También determina los lugares y rutas vinculados a la memoria democrática, y fija el compromiso del Gobierno de Aragón de impulsar la creación de un Centro de Investigación de la Memoria Democrática de Aragón.

Además, se declara el 3 de marzo como el Día de la Memoria Democrática de Aragón. Ese día de 1938, la aviación sublevada bombardeó indiscriminadamente la ciudad de Alcañiz, provocando cientos de víctimas mortales inocentes y el sufrimiento de familias enteras.

Frente al "orgullo" y la "emoción" que han confesado que sienten los portavoces de la izquierda, el diputado del PP Miguel Ángel Lafuente ha confesado que en su grupo hoy hay "lástima y frustración" porque se trata de una ley de "memoria selectiva" y que aplica "exactamente los mismos principios que la dictadura aplicó".

"Se pretende crear una propuesta ideológica que pase por encima de los acuerdos a los que llegaron nuestros padres" en la Transición, ha dicho, además de considerar que la Segunda República fue un "remanso de paz", por lo que ha asegurado que en cuanto el PP disponga de las mayorías necesarias, modificará esta norma.

Desde el PSOE, Darío Villagrasa ha replicado que no se puede hablar de que en la Guerra Civil o en Franquismo hubo "partes" cuando lo que se dio es una "tremenda desigualdad" y ha censurado que el PP diga que se pretende "hurgar" en las heridas cuando el objetivo es acabar con el revisionismo y el ocultismo y transmitir la verdadera historia "como antídoto" contra el odio, el racismo y la xenofobia.

En una línea parecida, el diputado de Podemos Alfonso Clavería ha insistido en que fue el golpe de 1936 el que conculcó la democracia y privó a los aragoneses de sus derechos, y le siguió una "guerra de exterminio y genocidio", delitos que no pueden prescribir, ha dicho.

Por eso, ha defendido la necesidad de derogar la Ley de Amnistía de 1977, aprobada antes que la Constitución, porque perdonó delitos de lesa humanidad y amnistió a sus autores en nombre de las víctimas, y ha lamentado que el PSOE no haya aceptado la enmienda que así lo reclamaba.

Podemos, ha agregado, "no acepta" que el PP pretenda "blanquear la dictadura" y que promueva la idea de que había "dos bandos".

Desde el PAR, Berta Zapater ha asegurado que los grupos de la izquierda, y también Ciudadanos, no llegaron a la ponencia "con muchas ganas de hablar", pero se ha desvinculado del PP porque, ha dicho, "el PAR nació hace cuarenta años, cuando ya no había dictadura".

A su juicio, es necesario reconocer a las víctimas y localizarlas, "pero a todas", no solo a unas, y "no puede ser que la historia se cuenta desde un solo punto de vista".

Ramiro Domínguez (Cs) ha insistido en que su partido siempre ha condenado la tiranía franquista y ha reivindicado la memoria de todas las víctimas, porque la memoria democrática "no puede ser selectiva".

Cs ha defendido que el reconocimiento de las víctimas no se realizara con la "barrera" del golpe de 1936, porque antes también hubo muchos aragoneses que lucharon por la democracia, y ha insistido en que también hubo "horribles crímenes" en las filas comunistas y socialistas.

Para Gregorio Briz (CHA), ante este conflicto y la dictadura no se puede decir que los muertos son iguales, porque "los que pelearon en el bando nacional están reconocidos con letras doradas en las fachadas de las iglesias", y por eso ha agregado que el "sesgo ideológico" lo tiene el PP.

Y Patricia Luquin (IU) ha considerado que España necesita avanzar en sanidad democrática cuando torturadores como Billy "el Niño" están "de fiesta" mientras Federico García Lorca continúa en una cuneta.

"No se puede hablar de equilibrio o equidistancia entre verdugos y víctimas, entre quienes instalaron la dictadura y quienes lucharon contra ella", ha zanjado, antes de asegurar que la derecha alemana o francesa "no hubiera dudado" en aprobar una norma como esta.