Dar un paso adelante en la lucha por la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Es el objetivo que se marca el Gobierno de Aragón de la mano del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en la comunidad (Cermi) en este 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Una fecha marcada en el calendario que este año llega arropada por la firma de un protocolo que pretende dar el impulso definitivo a la Ley de Derechos y Garantías de las personas con discapacidad aprobada en marzo del 2019. Además, el presidente del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán, anunció ayer que el presupuesto del 2021 dedicará 81 millones a políticas de discapacidad, lo que refleja «el compromiso» del cuatripartito con la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos.

El protocolo se firmó este miércoles en el escenario del Pignatelli reservado para las grandes ocasiones, la Sala de la Corona. El acuerdo prevé la creación de ocho mesas de trabajo entre Cermi y el Gobierno aragonés, en ámbitos como Empleo, Accesibilidad, Servicios Sociales, Mujer, Educación y Formación, Contratación Pública; Función Pública y Turismo para concretar las políticas en todos estos ámbitos «como hemos venido trabajando hasta ahora, de la mano». «Lo que queremos es avanzar para que esta ley sea una realidad», subrayó Lambán.

«El Gobierno que presido se fijó como objetivo fundamental la superación de toda clase de desigualdades, sociales, de género, por el hecho de residir en unos lugares u otros, y siempre conscientes de que un hecho de desigualdad que tenía que resultar prioritario era el de las personas con discapacidad respecto a las personas dotadas de todas las capacidades convencionales», expresó el presidente aragonés.

El líder socialista aseguró que su Gobierno ha incrementado «progresivamente» los presupuestos para discapacidad, llegando el próximo año a 81 millones, lo que supone «un 42% más que el año en el que llegamos al Gobierno», en el 2015.

En este sentido, el presidente quiso también destacar el esfuerzo que ha realizado el tercer sector en unas circunstancias marcadas por el coronavirus, recordando que el Gobierno de Aragón les apoyó con 1,5 millones de euros para cubrir los gastos extra de personal. Un «esfuerzo» que se reflejará en el precio de la plaza concertada en discapacidad para este 2021, que crecerá un 2,5%, cantidad que ya aumentó un 7,5% en el 2020, por lo que el próximo año habrá crecido un 10% en solo dos ejercicios. Además, Aragón cuenta en la actualidad con 2.762 plazas en centros residenciales para personas con discapacidad en 105 residencias, centros ocupacionales y centros de día.

Los efectos del covid

El presidente de Cermi Aragón, Luis Gonzaga, recordó que la Convención Mundial de los derechos de las personas con discapacidad dice que esta «no está en la persona, sino en el entorno, y si realmente somos capaces de elaborar un entorno accesible, la discapacidad no va a desaparecer pero sí sus efectos». Gonzaga celebró el paso adelante dado ayer y se comprometió a «trabajar por el desarrollo de la ley para que podamos las personas con discapacidad tener una ley totalmente operativa en Aragón».

Además, señaló las dificultades que ha agravado la pandemia, como los casos de maltrato sobre mujeres con discapacidad. Por eso, mostró su esperanza en que la ley «sea una herramienta muy útil para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y contribuya a una mayor integración de estas personas en la sociedad aragonesa».

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto, destacó la voluntad de garantizar la reserva del 8% de plazas en las convocatorias de empleo público, trabajar en la promoción de la autonomía personal a través del asistente personal; o aprobar la norma que regule la accesibilidad universal para los proyectos de espacios urbanísticos, arquitectónicos y las infraestructuras y servicios de transporte de uso público, ya sean de titularidad pública o privada.

Estas son algunas de las 16 líneas de actuación que recoge el documento, que tiene una vigencia de dos años y es prorrogable. El acuerdo prevé que las mesas de trabajo constituidas se reúnan, como mínimo, una vez al trimestre.

151 residentes afectados en los centros residenciales

El coronavirus ha trastocado el día a día de los centros residenciales para personas con discapacidad y también en los colegios de Educación Especial. Según los datos facilitados por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, actualmente hay nueve brotes abiertos que afectan a 151 residentes y a 57 trabajadores en toda la red de centros residenciales para personas con discapacidad.

En el caso de los centros educativos de Educación especial, según los datos facilitados por el Departamento de Educación, desde que comenzó el curso se han cerrado 15 aulas en Aragón a causa de contagios de coronavirus del total de 679 clausuradas en toda la comunidad. Las afecciones a los centros de educación especial representan el 2,2%.

Decálogo en el Día Internacional de la Discapacidad

1. FINANCIACIÓN. 300 millones de apoyo al sector.

2. CONSTITUCIÓN. Los derechos sociales deben estar más claros en la Carta Magna.

3. EMPLEO. 2.000 puestos.

4. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.

5. AUTONOMÍA. Capacidad de elección sobre dónde y con quién vivir.

6. EDUCACIÓN Y SALUD accesibles a todos.

7. APOYO A LAS FAMILIAS.

8. TECNOLOGÍA ACCESIBLE Y UNIVERSAL.

9. ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD EN LOS PUEBLOS.

10. CUIDAR EL PLANETA.