Aragón tardó en incorporarse a las comunidades autónomas con un amplio techo competencial. Los acuerdos de la UCD con el PSOE a principios de los 80 la condenaron a la vía lenta de las comunidades consideras, según el erróneo término de la época, de vía lenta. Por eso, su primer Estatuto, de 1982, es un tímido compendio de los derechos y deberes de los aragoneses como entidad política propia. La ambiciosa reforma del 2007, prácticamente un Estatuto nuevo, sí equiparó a la comunidad autónoma con aquellas autonomías que tenían un mayor autogobierno. El Estatuto es la norma institucional básica de la comunidad autónoma, y solo la Constitución Española está por encima. Cualquier conflicto entre ambos lo dirime el Tribunal Constitucional.

Catorce años después de la aprobación del Estatuto vigente, los ponentes que participaron en la última redacción de la norma básica aragonesa echan la mirada atrás para hacer balance de lo que se consiguió entonces, de la repercusión que ha tenido a efectos prácticos y del camino que queda por andar para profundizar en el autogobierno aragonés. Todos los ponentes, salvo Chesús Bernal, diputado de Chunta Aragonesista que falleció en el 2020.

¿Por qué se considera el Estatuto de Autonomía de Aragón del 2007 un hito? Fundamentalmente, porque se logró una descentralización efectiva dentro del marco de la Constitución de 1978 y Aragón consiguió igualarse jurídicamente a través de su norma básica autonómica a otras comunidades como la andaluza, Baleares o incluso Cataluña. Era una vieja reivindicación, una espina clavada veinte años atrás durante el proceso preautonómico, cuando Aragón fue incluida en el grupo de las comunidades que accederían a la autonomía por la vía lenta. El resarcimiento no llegó hasta entonces, con la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón que hoy se conmemora.