El PSOE aragonés le ha hecho constar a CHA que en el Consejo de Gobierno los intereses del negocio de la nieve tienen mayoría absoluta. Le pese a quien le pese en las filas nacionalistas, han evidenciado que en el escaso plazo de un mes, la Consejería de Economía que dirige Marta Gastón es capaz de conceder a la mercantil Aramón (que ella preside y en la que la DGA comparte accionariado con empresas privadas) la urgencia para la expropiación de suelos en el valle de Castanesa que Cerler necesita para ampliar la estación de esquí. Que eso va a ser así a pesar de que la Consejería de Vertebración del Territorio que dirige José Luis Soro considerase antes que tal premura no estaba motivada y que, por lo tanto, la ocupación de los terrenos de 51 propietarios seguiría su curso por un procedimiento ordinario. Y más lento. Con el último acuerdo de Gobierno que determina la «urgencia» del proyecto, la ocupación del terreno puede ser inmediata, aunque no haya acuerdo con sus propietarios.
Ese empujón político (de calado) y administrativo se logra en menos de un mes, desde que el 6 de abril la promotora de las obras solicitara a Economía la declaración de ocupación «urgente», hasta que recibe la aprobación como acuerdo de Gobierno en el Consejo de Gobierno el 5 de mayo, después de que el día 3 el presidente Javier Lambán ordenara vía decreto que la firma definitiva declarando esa urgencia la estampara su consejera de Presidencia, Mayte Pérez, en representación de la de Economía, Marta Gastón, que es la presidenta de Aramón, y aunque la primera no tenga en principio competencias en lo que se refiere a urbanismo, economía o vertebración del territorio.
Así se puede resumir la orden publicada ayer en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) que determina la expropiación forzosa y urgente de esos terrenos, concediendo a sus propietarios un mes para firmar el acta de esa ocupación. Un mes en el que pueden presentar alegaciones pero solo para corregir «errores materiales».
Este procedimiento de expropiación de los terrenos de manera urgente afecta a todos los propietarios. A los que ya han alcanzado un acuerdo con la DGA y a los que no solo han rechazado esa ocupación sino que, además, la tienen judicializada en un contencioso sobre el procedimiento ordinario que está aún por resolver. Y además, sin que esa orden de urgencia vaya acompañada del justiprecio que normalmente fija el tribunal provincial de expropiación y que aún no se ha pronunciado sobre eso.
Con todo, la entrega de esos terrenos sigue adelante porque, según el Ejecutivo aragonés, si no se imprime esa agilidad, las obras que se pretendían ejecutar entre mayo y noviembre no llegarían a poder estrenarse a la próxima temporada 2021-2022. El motivo que justifica la urgencia en este acuerdo de Gobierno es el déficit de ingresos en el valle y la delicada situación socioeconómica que ha dejado el coronavirus en el sector después de dos años con las pistas cerradas y el turismo paralizado.
Además, tendrá que ser el propio consejero de Vertebración, José Luis Soro, el que ponga la rúbrica del Ejecutivo aragonés a la ocupación urgente de los terrenos, pese a haberse opuesto a ella al no observar motivos suficientes en las reiteradas ocasiones que la empresa Aramón había solicitado a este departamento, antes que a Economía, la urgencia de las obras.
Los vecinos de Castanesa trasladaron ayer en una carta abierta su descontento con la decisión. «¿Cómo se justifica ahora la urgencia de un proyecto que ha estado parado 10 años?», se preguntan, y denuncian que la DGA crea el precedente de «expropiar por primera vez en la historia de España a particulares para dar sus terrenos a una empresa privada».
