Los vecinos contrarios a la ejecución de la ampliación de la estación de esquí de Cerler por el valle de Castanesa denunciaron este jueves la «ocupación de manera sorprendente y fraudulenta» de unas tierras ubicadas en una finca comunal en la que no todos los propietarios habrían dado el visto bueno a la expropiación de sus terrenos. Este jueves denunciaron ante la Guardia Civil de Benasque que las máquinas habían entrado a dichas tierras, pero tanto desde el Gobierno de Aragón como desde Aramón aseguran que las obras realizadas en ese espacio «cumplen con la legalidad, están amparadas por el Plan de Interés General de Aragón y son la continuidad de las iniciadas en los dos años anteriores».
Según el atestado al que tuvo acceso EL PERIÓDICO, en su primera valoración, el instructor del Instituto Armado manifiesta que los hechos denunciados «pudieran no estar contemplados dentro del ilícito penal de delito o falta de daños», sin perjuicio de la valoración que realice la autoridad judicial, que será quien decida si ve delito, o no. Asimismo, informa al denunciante de que dispone de un año para «promover demanda de naturaleza civil para reclamar los daños y perjuicios ocasionados ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde aconteció el siniestro». Es decir, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Boltaña, partido judicial al que pertenece la localidad de Benasque.
La Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón denunció ayer a través de un comunicado que las máquinas de Aramón entraron «de manera sorprendente y fraudulenta» a ocupar las tierras «propiedad de los vecinos de Castanesa». Fuentes del Gobierno de Aragón insistieron en que «las obras están amparadas por el Plan de Interés General de Aragón» y que las actuaciones iniciadas en el entorno de Castanesa «están dentro de la legalidad, como las realizadas el pasado año y el anterior».
Desde Aramón rechazaron rotundamente las acusaciones y la denuncia, y aseguraron que las máquinas «no han entrado» en ninguna propiedad en la que no tengan permiso para hacerlo. «Las obras son la continuación de los trabajos que se iniciaron hace dos veranos y están amparadas por el Plan de Interés General de Aragón», subrayaron fuentes de la entidad. Y anunciaron que Aramón «se reserva el ejercicio de las acciones oportunas en defensa de sus derechos e intereses legítimos» ya que «faltar a la verdad y confundir a la opinión pública por parte del grupo ecologista que promueve esta acción nos lleva a tomar estas decisiones en defensa de nuestros derechos».
El atestado
Según recoge el atestado, un vecino recibió una llamada el pasado 25 de mayo alertando de la entrada de maquinaria de Aramón en una finca privada comunal, compartida por varios vecinos y ubicada en la zona llamada Bassa de Pascual, la misma sobre la que el pasado 5 de mayo se dictó «orden de expropiación por vía urgente, la cual se encuentra recurrida y pendiente de resolución».
El día 26, el denunciante se trasladó a los terrenos de Castanesa y comunicó los hechos a la Guardia Civil de Huesca, solicitando la presencia de una patrulla. Más tarde esa mañana se personó una patrulla de la Guardia Civil de Benabarre, que «se entrevista con el diciente, un técnico de la empresa Aramón, un técnico de la DGA y un operario, a la entrada de la localidad de Castanesa», recogen las diligencias.
En dicha conversación, «el técnico de Aramón manifiesta que efectivamente se encuentra una máquina en las proximidades del mencionado terreno, trabajando en la limpieza de la carretera ya construida». Pero horas después el denunciante se desplaza a la zona afectada, toma fotografías, y alega que la máquina no está limpiando, «sino trabajando con el percutor en la finca mancomunada, en la que no tienen permiso de la totalidad de los propietarios para su explotación», aseguran.
Asimismo, se recoge una conversación entre el operario de Aramón y su encargado, que le habría trasladado «que la máquina no para de trabajar por ninguna circunstancia». A preguntas de la Guardia Civil, se explica en la denuncia que «no todos los vecinos se oponen a la expropiación», sino «algunos propietarios y un par de asociaciones». El objetivo de los denunciantes es que «se paralicen las obras» para evitar «daños irreparables» hasta que la Justicia resuelva sobre la expropiación.
