Hace justo una semana Katia era asesinada por su pareja sentimental en el zaragozano barrio de Las Fuentes. Nadie podía prever su muerte puesto que la valoración del riesgo que tenía en ese momento era de nivel bajo, lo que conlleva, entre otras medidas, los contactos telefónicos esporádicos entre la víctima y el agente de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón que llevaba su caso. El suyo y el de otras 50 mujeres más, que es la media de víctimas de la violencia machista asignadas a cada miembro de esta unidad policial en Zaragoza.
En la capital aragonesa hay más de 550 mujeres que precisan de protección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según los últimos datos del Ministerio de Igualdad. Estas víctimas de malos tratos son atendidas por 11 agentes de la UFAM que se dedican a labores propias de protección, mientras otros miembros llevan a cabo otras labores como, por ejemplo, la investigación de agresiones sexuales. En estos momentos está cubierto el catálogo de la plantilla con una veintena de funcionarios policiales, lo que conlleva que el objetivo y misión que llevó al Ministerio del Interior a crear la UFAM a nivel nacional se esté incumpliendo en Aragón.
La falta de agentes provoca que las comisarías de distrito asuman la toma de declaración de las denunciantes por parte de unos agentes que no tienen la misma especialización que los que forman parte de la UFAM y que son los encargados de realizar la primera valoración del riesgo. A estas circunstancias se añade que las comisarías no cuentan con unas dependencias específicas para atender a este tipo de víctimas y estas incluso llegan a tener que esperar junto a otros ciudadanos que van a denunciar un robo o una estafa. Esto conlleva una revictimización, según fuentes policiales, ya que se han dado casos en los que un agente ha dado prioridad a la maltratada y el resto de los allí presentes se ha quejado, sin saber la verdadera causa, de tratos de favor.
Agresiones
Esta realidad dista de lo que ocurre en los casos de agresiones sexuales. Cuando una víctima de este delito acude a una oficina de denuncias y cuenta lo que le ha ocurrido, inmediatamente se activa un protocolo en el que unos agentes de la UFAM acuden con su vehículo y la trasladan a la sede propia de esta unidad en la avenida José Atarés donde es atendida de una forma personalizada. Esta forma de actuar es inviable en lo que respecta a la violencia machista en relación con el déficit de plantilla puesto que, según estas mismas fuentes, se toman cuatro denuncias cada ocho horas.
De ahí que desde sindicatos policiales como el SUP hayan propuesto, «ante el catálogo de puestos de trabajo obsoleto, que se amorticen las plazas de segunda actividad con destino (146) que no están cubiertas desde la entrada en vigor de la ley de personal de 2015 al haber desaparecido la segunda actividad con destino».
A las 569 mujeres con protección que hay en Zaragoza se suman las 130 que hay en Huesca y las 61 de Teruel. Todas ellas suman 760 víctimas con algún tipo de riesgo que, en estos momentos, para ninguna de ellas está en niveles máximos, aunque 12 están en situación alta. Esto implica que los agentes que tienen asignadas a estas víctimas realizan vigilancias frecuentes en el domicilio y el lugar de trabajo; insisten a la mujer, si no lo ha hecho, en su traslado a un centro de acogida o al domicilio de un familiar durante los primeros días, e instan el seguimiento obligatorio del agresor mediante dispositivos electrónicos, entre otras funciones.
Al total de víctimas con protección hay que sumar 722 a las que no se aprecia peligro, lo que no significa que no haya seguimiento, aunque más espaciado en el tiempo. El número de casos activos de violencia de género asciende a 1.482, de los que el 43,4% corresponden a nacidas en el extranjero y el 51,3% tiene protección.
El número de dispositivos de alarma para la protección de las mujeres asciende a 235, lo que supone un 15,9% de las víctimas. Los dispositivos electrónicos de seguimiento de las medidas de alejamiento para el inculpado o condenado suman 56 en Aragón.
Aragón tiene un plan a nivel autonómico para acompañar y asesorar
El Gobierno de Aragón ha venido desde 2018 formando convenios con los ayuntamientos que así lo desean y que cuenten con Policía Local para acompañamiento o asesoramiento a las víctimas de violencia de género. En la actualidad, el acuerdo está en marcha en los consistorios de Huesca, Ejea, María de Huerva, Pedrola, Cuarte y Pinseque. El Ayuntamiento de Zaragoza presentó en 2020 una propuesta para adherirse a este convenio. La Dirección General de Interior de la DGA solicitó que concretara su plan formativo (con cuestiones como qué materia se iba a dar, dónde se efectuarían las charlas, etc.), pero la documentación no llegó a tiempo, según fuentes del Ejecutivo autonómico, por lo que se les recomendó presentar la propuesta para este año. La partida de subvenciones para el ejercicio es de 200.000 euros.
