Mari Cruz D. R., excontable de la Asociación de Industriales de Cuarte, ha sido juzgada esta mañana por apropiarse indebidamente de una cantidad que oscila entre los 42.000 euros, como sostiene su defensa, y los 85.000, como mantienen las acusaciones. Antes del juicio ha ido devolviendo cantidades adeudadas a su antigua empresa.

La acusada ha reconocida ser autora del delito, motivado por la ludopatía, pues, como ha señalado un miembro de la entidad, "Mari Cruz se ha dejado la vida por la asociación y tenía nuestra total confianza".

La fiscala y la acusadora particular, Adoración Navarro, le imputan los delitos de apropiación indebida y de falsedad en documento y han solicitado un total de tres años y tres meses de prisión, pena que ha aceptado la imputada, pero no así la cantidad que todavía debe devolver. Por ello no ha habido conformidad y ha tenido que celebrarse la vista.

La defensa, ejercida por Jéssica Serrano Diego, ha mantenido que la cantidad que se exige a la acusada no es correcta "pues no tiene en cuenta determinados ingresos que ella realizó", salarios no cobrados y por basarse entre los años 2016 y 2018 en "una contabilidad falseada".

"Nos dimos cuenta de que había desvíos de dinero"

"Nos dimos cuenta de que había desvíos de dinero desde las cuentas de la asociación, así como transferencias y gastos con tarjeta, por lo que se puntearon las cuentas", ha explicado el tesorero de la entidad. En total se descubrió un agujero de 148.704 euros, "pero ella ha ido devolviendo cantidades de dinero", ha asegurado este testigo, que ha asegurado que la agrupación de empresarios "tenía una total confianza en ella".

El asunto se descubrió cuando un acreedor llamó para decir que no había percibido determinada cantidad adeudada. Así fue como salió a la luz que había movimientos de dinero injustificados y extractos que habían sido modificados.

La diferencia entre la deuda reclamada y la que reconoce la acusada está en una serie de transferencias por un valor de 28.500 euros. Al parecer, esas transferencias no han sido tenidas en cuenta, por motivos que ha explicado un asesor fiscal de la asociación.

La fiscala, a la vista del reconocimiento del delito, ha aplicado las atenuantes de confesión y de reparación parcial del daño.