La nueva Política Agraria Común (PAC) no tiene pinta de ser como Aragón deseaba. El nuevo acuerdo alcanzado por las instituciones europeas para la reforma de este mecanismo, del que depende cerca de 20.000 agricultores de la comunidad autónoma, no responde a las expectativas de las principales organizaciones agrarias, que ven con recelos algunos de los condicionantes introducidos o la falta de ambición para priorizar la agricultura profesional, mientras que la DGA guarda por ahora silencio a la espera de un análisis en profundidad. Y lo que es peor, el plan estratégico para su aplicación en España tampoco parece que vaya a alinearse con la propuesta común defendida por el Ejecutivo autonómico y la mayoría de los actores de sector y los partidos políticos.

La PAC se renueva cada siete años y es el pilar fundamental para que sean viables económicamente las explotaciones agrarias y ganaderas de Aragón. Sin estas ayudas, no sería posible la pervivencia de la mayoría de estas por el problema endémico de bajos precios que tienen los productos en su origen al mismo tiempo que los costes de producción mantienen una tendencia al alza, algo que en el sector achacan a “políticas de especulación”.

La comunidad reciben cada año 470 millones de euros (7.000 millones en toda España) de estos fondos europeos, que se reparten entre 37.000 solicitantes. De estos, solo 17.000 son agricultores en activo. Los 20.000 restantes son jubilados, trabajadores con otras actividades económicas o perceptores que han heredado derechos de cobro, un distribución que la propuesta común planteada por Aragón plantea reequilibrar a favor de la regeneración del sector y la incorporación de jóvenes.

Pendientes del plan nacional

Los países de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron el pasado viernes un acuerdo para sentar las reglas que regirán la nueva PAC, tras más de cinco años de conversaciones y tres años de retraso en su aplicación. El siguiente paso será la definición del plan estratégico nacional para concretar cómo se aplica en España, algo que deberán definir el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas.

Todo apunta a que finalmente no se recogerá una supresión de los derechos históricos ni se priorizará a los agricultores profesionales que viven de sus explotaciones familiares en la redistribución de las ayudas. Estas eran las dos cuestiones primordiales que recogía el acuerdo alcanzado en 2018 por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la DGA --ahora denominado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente--, dirigido por el consejero Joaquín Olona, dos de las principales organizaciones agrarias (UAGA-COAG y UPA) y cinco de los siete partidos con representación parlamentaria (PSOE, CHA, Podemos, Ciudadanos y IU). De este pacto se descolgaron Araga, Asaja, PP, PAR y Vox.

El secretario general de UAGA, José María Alcubierre, cree que el acuerdo alcanzado “era lo esperado” y lo ve algo decepcionante al no recoger “ningún avance” en cuanto al fomento de una “agricultura con agricultores”. “Echamos en falta la valentía de poner las cosas en defensa de una agricultura social, profesional y familiar”, lamentó. También denunció que la falta de normativa para propiciar una “una igualdad” en las importaciones, es decir, que cuando se traiga un producto agrícola de Marruecos o de la India sea “con los mismos condicionantes” que se exigen a los productores europeos en cuestiones como el uso de fitosanitarios o las condiciones laborales de los trabajadores. “En este asunto, incluso se ha ido a peor”, apuntó.

Planas cambia de postura 

Pero lo que más preocupa a Alcubierre es el “viraje” del Gobierno de España y. en particular, el ministro de Agricultura, Luis Planas, sobre cómo cuestiones claves para la aplicación de la PAC al haber dejado de apoyar la abolición de derechos históricos, la reducción de estratos y la definición como agricultor genuino (que puede cobrar las ayudas) de quien tenga en el campo el 50% o más de sus ingresos. ). “Va a poder cobrar todo el mundo, como ocurría antes, el que tenga una maceta en el huerto, la corporación Monsanto o la Duquesa de Alba”, señaló.

Así lo auguró tras las manifestaciones y “filtraciones” del ministerio en las que ha dejado entrever su posición sobre las líneas maestras del plan estratégico nacional de la PAC. “El Gobierno de España presume ser muy activo en políticas sociales, pero en agricultura es más conservador que (Miguel Arias) Cañete (es ministro del ramo con el PP)”, afirmó. De esta manera, remarcó, “seguirán cobrando ayudas quienes tenían ovejas y cebada en 2002, aunque ahora no las tienen”.

UPA exige que "no sea más de lo mismo"

“La única PAC que nos vale es la sea ligada a la agricultura familiar, que tenga en cuenta la profesionalidad y acabe con las referencias y derechos históricos que tantos agravios comparativos han creado en Aragón”, defendió José Manuel Roche, secretario general de la UPA en la comunidad. “No tiene sentido que los fondos públicos de agricultura se los lleven los jubilados o gente que trabaja en la Opel”, apostilló. Desde esta organización seguirán “presionando hasta el último momento para no sea un más de lo mismo y se imponga el sentido común”.

Olona señala la «falta de ambición» del acuerdo

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la DGA, Joaquín Olona, apuntó ayer a «la falta de ambición» del acuerdo de reforma de la Política Agrícola Común (PAC), aprobado por el Consejo de ministros de Agricultura de la Unión Europea. «Hubiera sido muy deseable y más coherente que el acuerdo al que han llegado en Europa fuera en relación con la necesidad de avanzar en la convergencia de suprimir los derechos históricos. Me parece un acuerdo poco ambicioso en este sentido», apuntó el consejero aragonés tras conocer los términos del pacto. Asimismo, Olona consideró que no favorece «en ningún caso» la agricultura familiar y profesional, que defienden desde el Gobierno de Aragón. «Me hubiera gustado que el pacto hubiera contado con el mismo apoyo y la ambición del que las instituciones europeas han hecho gala en materia medioambiental», dijo.

«El convenio alcanzado no impide la consecución de los objetivos de la comunidad ni la supresión de los derechos históricos o la reducción del número de regiones, pero he de reconocer que no lo va a facilitar», aseguró el consejero. Olona, por otro lado, espera que el margen amplio que da la Comisión a los miembros permita «flexibilizar» esta situación «nueva». «Espero que sea aprovechado por los estados miembros, en particular España, para que la nueva PAC beneficie a la agricultura familiar y a los agricultores profesionales», dijo. No obstante, el consejero aseguró que la DGA mantiene su plan. «Desde Aragón seguiremos defendiendo el apoyo al modelo de agricultura familiar y profesional, algo que siempre hemos puesto encima de la mesa», apuntó

Asaja, la segunda organización del sector con más peso en Aragón, recela también del acuerdo de reforma de la PAC porque supondrá un “estrangulamiento del sistema productivo en favor de un compromiso verde que en parte es gratuito”, aseguró Ángel Samper, su secretario general, quien cuestiona que se condicionen las ayudas a variables “de rango medioambiental” como por ejemplo, la protección del oso y el lobo o las limitaciones en el uso de la biotecnología. “Se quiere hacer una PAC más sostenible, pero se hace sin contar con los agricultores, los ganaderos y el territorio”, argumentó.

Sobre la propuesta unitaria de Aragón, que Asaja no respalda, Samper instó a la DGA a que “procure cambiar lo que está en sus manos” en lugar de plantear “cosas imposibles”. “No está haciendo sus deberes”, recordó, en alusión a materias como el recorte de los fondos dedicados por el Ejecutivo autonómico a desarrollo rural (segundo pilar de la PAC), que han pasado de 355 millones de euros en el periodo 2007-2013 a cerca de 180 en 2014-2020. Aunque abogó por priorizar la “agricultura profesional”, pero rechazó que se quiera sacar del sistema de ayudas a quienes “tengan poca tierra y hace las cosas bien medioambiental y agronómicamente”.