EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA
La Justicia rechaza el toque de queda en Jaca, Huesca, Monzón y Barbastro y la DGA recurre al Supremo
El TSJA sostiene que el Constitucional debe zanjar si tiene competencias para valorar las medidas / El Ejecutivo considera la decisión «inadecuada» porque permitiría rebajar el aumento de casos
Agentes de la Policía Nacional durante el dispositivo especial desplegado en Jaca. / POLICÍA NACIONAL
F. V. / E. G. C.
La Sala de lo Contencioso Administrativo de Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha denegado de nuevo al Gobierno de Aragón, con el voto de un magistrado que expresa un parecer contrario, las medidas de limitación de la movilidad en cuatro localidades oscenses en las que se ha disparado la transmisión del coronavirus, Huesca, Jaca, Barbastro y Monzón.
El Gobierno de Aragón había pedido una autorización pero el TSJA no se pronunció porque consideraba que Salud Pública era un órgano «competente» para poner en marcha la limitación nocturna de 1.00 a 6.00 horas en los cuatro municipios, así que presentó una orden que ahora la Justicia niega. Por eso, ante la negativa, el Ejecutivo ha anunciado que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Tiene 72 horas. Y este cinco días para resolver. Hasta entonces, habrá que esperar.
El órgano judicial no entra de lleno en la cuestión planteada por la Administración y se remite al Tribunal Constitucional, el cual todavía no se ha pronunciado sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada al entender el TSJA que dirimir estos asuntos no es de su competencia, situación que se produjo a finales del pasado año con la orden de confinar La Almunia.
Los alcaldes afectados acatan pero siguen apoyando la limitación
Una medida «adecuada» aunque acatan el auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. El alcalde de Jaca, Juan M. Ramón, aseguró que espera que Sanidad recurra porque el toque de queda es «una buena medida» porque cualquier otra es «menos efectiva en lo sanitario y más dañina en lo económico y en lo social». Además, expresó su deseo de que «entre pronto en funcionamiento o que no lo haga porque cuando lo aprueben ya no nos haga falta, pero a fecha de hoy es la que querríamos que se pudiera aplicar». José María Romance, alcalde accidental de Huesca, mostró su apoyo a las «restricciones» e hizo hincapié en que desde la alcaldía se apela a la «responsabilidad individual» , aunque reconoció que la mayoría ya lo es y espera que el Gobierno central siga con la aceleración de la vacunación». Además, señaló que se pedirá a la Policía local, Autonómica y Nacional para que aumenten los controles para evitar botellones y concentraciones masivas.
Fernando Torres, alcalde de Barbastro, reconoce que hay que «actuar con rapidez» y adoptar medidas «de urgencia que atajen» el aumento de casos, que «sabemos» que no tienen que ver con la hostelería ni el comercio si no con los botellones. «Todo retraso en aplicar medidas es negativo», concluyó. Desde Monzón, su primer edil, Isaac Claver, se apela a la «responsabilidad y a la concienciación» así como a la prudencia para frenar la propagación del coronavirus, que unidas a la campaña de vacunación, «detendrá el aumento de contagios».
En resumidas cuentas, el órgano judicial duda de que sea responsabilidad suya zanjar la cuestión de las medidas restrictivas de la movilidad por el coronavirus y aguarda que una instancia superior, el propio Constitucional, resuelva el caso. Y ello pese a que el Supremo ya falló que sí eran competentes los tribunales superiores de justicia de las distintas comunidades autónomas.
El auto hace referencia al artículo 38.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), que hace referencia al valor de cosa juzgada de las decisiones adoptadas por el alto organismo judicial y de su comunicación a los tribunales competentes así como a las partes implicadas en el pleito.
El magistrado Eugenio Esteras Iguacel expresa que la solicitud del Gobierno de Aragón «debió ser aprobada y autorizada en los términos en que se produce». Pero los magistrados favorables al rechazo de la petición de la DGA alegan en un auto, en el razonamiento de su decisión, que la normativa actual les impide entrar a fondo en el asunto.
En concreto, señalan que están pendientes de lo que decida el Tribunal Constitucional «sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada en su día». A este respecto, los jueces dicen que están a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma que el órgano que la plantea ha de aplicar para resolver.
Los magistrados, en su parte dispositiva, aclaran que ante esta resolución cabe recurso de casación y determinan que la presente resolución sea puesta en conocimiento del Tribunal Constitucional.
El artículo de la LOTC invocado en el auto habla de las sentencias recaídas en cuestiones de inconstitucionalidad. En estos supuestos, recoge el citado texto, «el Tribunal Constitucional la comunicará inmediatamente al órgano judicial competente para la decisión del proceso».
Fuentes del Gobierno de Aragón, aseguraron que, como siempre, se «respeta la decisión judicial» aunque la considera «inadecuada» en la lucha contra la pandemia, ya que «cualquier otra medida podría ser menos efectiva y más perjudicial para la actividad económica».
incidencia al alza
Por este motivo, insiste en que la limitación de movilidad en horario nocturno (de 1.00 a 6.00 horas) en las cuatro localidades es una medida «necesaria» y «proporcionada» que cuenta con el apoyo de las autoridades municipales de los municipios de Huesca, Jaca, Barbastro y Monzón, por lo que ha solicitado a los alcaldes que hagan una llamada a la «responsabilidad individual y colectiva» de los vecinos, al mismo tiempo que reiteró la petición a la Delegación de Gobierno para que se «extreme la vigilancia» por parte de las fuerzas y cuerpos de la seguridad para el cumplimiento de las normas dictadas por Sanidad para intentar paliar el incremento de casos en los cuatro lugares.
Una relación tirante
La negativa a pronunciarse del Tribunal Superior del Justicia de Aragón (TSJA) respecto al toque de queda en Huesca, Jaca, Barbastro y Monzón no ha sido el primer problema de la DGA con la Justicia desde que se inició la pandemia. El primer revés llegó en noviembre con la condena al Ejecutivo autonómico a aportar los epis necesarios al personal sanitario para luchar contra el covid, una situación que debería haber estado prevista.
Otro llegó cuando el Gobierno de Aragón pidió autorización para confinar La Almunia de Doña Godina. La respuesta de los magistrados fue plantear una cuestión de inconstitucionalidad al artículo 10.8 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA) que fue modificado por decreto ley por el Gobierno de España para que estos tribunales superiores avalaran con carácter previo las resoluciones en materia de salud pública que adoptan los Ejecutivos autonómicos; antes ya había tumbado la prórroga del confinamiento de la localidad de Andorra. La hostelería también ha llevado en varias ocasiones a la de DGA ante la justicia, con diferente suerte.
El Gobierno de Aragón decidió proponer el toque de queda en los municipios que tuvieran una incidencia acumulada a 7 de días de más de 500 casos y transmisión comunitaria. La media aragonesa que dio a conocer Salud Pública durante la presentación de las nuevas restricciones era de 458, mientras que en Jaca era de 1.371 casos por cada cien mil habitantes; en Huesca, de 628; en Monzón, de 624; y en Barbastro, de 524.
En cuanto a los datos hechos públicos ayer, la media de la comunidad ha descendido hasta los 430,5 casos; mientras que ha crecido en los cuatro municipios altoaragoneses; en Jaca están en 1.386; en Monzón, que ha ascendido al segundo puesto de este negativo ránking, en 761,3 casos por cada cien mil habitantes; en Huesca, en 669,1; y en Barbastro, en 553.
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